Los vendedores de la plaza de mercado de Chaparral no aguantan más. Su desesperación por la crisis económica que les ha causado el retraso de las obras los llevará a los estrados judiciales.

El veedor y comerciante José Fernando Gutiérrez, anunció que empezaron a organizarse para instaurar demandas contra el Estado.

“En estos días entran las primeras denuncias formales”. Estas están siendo promovidas por los comerciantes que vieron interrumpida su actividad tras el inicio de la construcción del nuevo centro de acopio, “hace 455 días nos sacaron”. Los trabajos, relató Gutiérrez, estaban programados para 156 días, y ya suman “un año de atraso”.

Entre las reclamaciones está el derecho al trabajo digno, e indemnizaciones por la pérdida de acreditación de los negocios y afectaciones emocionales. Es más, aduce que producto de la quiebra un chaparraluno intentó acabar con su vida, “al no soportar ser embargado por no contar con flujo de caja para pagar las deudas”.

El veedor, junto con otros vendedores consultados por EL NUEVO DÍA advierten que tienen todo para ganar el litigio porque sus testimonios están basados en pruebas.

“Esto le costará miles de millones al Municipio porque han mandado familias a la casa sin el pan, y no hacen nada para ayudarlas”, dijo el líder.

Y agregó que lo que ven en este proyecto “es que solo les interesó hacer la contratación y ganarse su porcentaje”.

NO OCUPARÁN LOCALES

Los comerciantes de Chaparral no solo están planeando demandar sino que desde ya advierten que no ocuparán los locales de la nueva plaza. Al parecer las dimensiones no son viables financieramente.

Un local de dos por dos metros cuadrados, cuenta el veedor, no sirve ni “para almacenar huevos”.

Además del tamaño, que no permitirá la normal operación y desarrollo de la actividad mercantil, ocuparlos sería despedirse de la “clientela” que han logrado recuperar, por tanto Gutiérrez y sus colegas aseguran que prefieren quedarse en el lugar donde fueron “mal reubicados” en medio de basura y olores nauseabundos.

Esta situación ya fue puesta en conocimiento de la Contraloría Departamental en una audiencia pública, en la cual la comunidad refirió que el proyecto no les fue socializado y que sus observaciones jamás fueron tenidas en cuenta.

El hecho de que la plaza no sea recibida por los comerciantes, podría representar un detrimento patrimonial, comentó el diputado Jorge Duque, quien ha estado al tanto de las denuncias.

De acuerdo con el asambleísta, próximamente se adelantaría una mesa de trabajo con el contratista, Fonade, el Departamento de la Prosperidad Social y la Contraloría General de la Nación en busca de las mínimas garantías.