El próximo miércoles 8 de junio se encontrarán en el Tribunal del Tolima, Cemex y el municipio de San Luis, para discutir sobre la reclamación que hace la cementera al municipio por los presuntos daños y perjuicios derivados de una sanción de prevención que le impuso la Administración municipal en 2012 en un proceso ambiental.

Según el abogado de San Luis, Emmanuel Arango, esta fue una decisión que se tomó bajo la facultad que tienen las alcaldías como autoridades ambientales de prevención, es decir, la de suspender temporalmente una actividad que consideran pone en riesgo el medio ambiente, a lo que se le suma el traslado del requerimiento a la autoridad nacional competente.

“El Municipio suspendió a Cemex para proteger de manera preventiva el medio ambiente, todo vez que encontró que no había medidas de manejo ambiental para toda el área de explotación minera en el corregimiento de Payandé. La autorización que les habían dado era solo para 60 hectáreas y no para las más de 200 que ellos tienen en concesión”, explicó Arango.

Una vez se tomó esta medida, se remitió el caso a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, entidad que la levantó, “sin soportes jurídicos legales a juicio del Municipio, motivo por el cual San Luis demandó al Anla y, a su vez, Cemex demandó al municipio por daños y perjuicios”, dijo el abogado.

En la demanda en contra de la población, la cementera estaría exigiendo una reparación por daños y perjuicios, cercanos a los $4 mil 500 millones, sin embargo, el argumento de la defensa es que este es un cobro que no tendría fundamento porque la medida ya se había levantado, además, las obras no se detuvieron mientras la Agencia Nacional entregó su fallo.

Desarrollo del proceso

Actualmente, este caso está en la etapa de presentación de pruebas, la audiencia se programó para el próximo miércoles a las 9 de la mañana en el Tribunal Contencioso, en este espacio se pretenderá demostrar que se generaron perjuicios durante la sanción.

En este espacio se buscará exponer que la decisión que se tomó hace cerca de cuatro años se hizo de manera provisional y en pro del medio ambiente.

Asimismo, que fue la Anla, la que demoró cerca de un mes en entregar la respuesta final, a pesar de que la Ley establece 10 días para ello.