Jorge Enrique Cardoso, director de Cortolima, dijo que el incremento en la tarifa de agua responde a lo establecido por el Gobierno nacional a través de los decretos 155 de 2004 y 4742 de 2005, con los que se determinan la metodología de cobro y la forma de cobro de la tarifa respectivamente.

Cardoso explicó que el Gobierno estableció un periodo de transición de 10 años, que empezó a correr en 2005 y se venció el 1 de enero de 2016, durante esa década la tarifa mínima iba a registrar un incremento progresivo.

De modo que, luego de vencido el plazo, la tarifa plena se cobraría sin el descuento que había establecido el decreto 4742.

De acuerdo con lo dicho por el Director de Cortolima, “la norma exige a todas las corporaciones autónomas del país que cobran la tasa por uso que se aplique la tarifa plena con el incremento del IPC a partir de 2016”.

Entre tanto, Cardoso asegura que Cortolima ya está informando la razón del incremento ante las inconformidades que han manifestado los líderes productores arroceros del Tolima.

Y agregó: “Con los representantes de los agricultores hemos iniciado unas mesas de trabajo para manifestar la necesidad al Gobierno para que establezca unos criterios de tarifas diferenciales para los pequeños, medianos y grandes productores, así como quienes están en categorías especiales”, dijo.

Por ejemplo, los predios que ha entregado Incoder a través de organismos del Gobierno a poblaciones vulnerables.

“Hasta cuando no se lleven a cabo todas las mesas de conversación que se están adelantando con el Gobierno nacional y hasta que dicha entidad nacional no emita otra norma diferente que reforme las fórmulas y las variables para hacer el cobro de la tarifa, la Corporación continuará cobrando conforme lo señala la metodología establecida”, concluyó.

Lo cierto es que ese sector siente incertidumbre al ignorar por cuánto tiempo se puedan prolongar las mesas de trabajo con el Gobierno.