La comunidades indígenas de Ortega emitieron una alerta porque a pesar de que están reconocidos como resguardos y comunidades étnicas, su territorio está en riesgo de que sea intervenido por particulares y comience una intervención minera.

Según Alfredo Capera, representante de las comunidades, el problema es que a pesar de que están reconocidos tanto por el Ministerio del Interior como por las administraciones municipales y departamentales, no se ha realizado la consulta previa como lo indica la Ley, para proyectos de explotación de material sobre el río Tetuán.

“Con el calentamiento global y la escasez de agua, a nosotros nos preocupa mucho que se llegue a dar este licenciamiento, porque este tipo de extracción acaba con los ríos”, indicó Capera.

Agregó que el material que baja por el afluente hace parte de un equilibrio natural, que ayuda a la abundancia de peces en la zona.

Además “la misma sedimentación, conserva una humedad de lado a lado del río, lo que permite que haya producción de comida, por lo consiguiente hay producción alimentaria para las comunidades indígenas”.

El área de interés minero, está ubicado en Ortega en el sector del resguardo Pocará, al igual que en las comunidades Bocas de Kumej, Pijao de Cunirco, Chicalá Canalí, Canalí Ventaquemada; es de aclarar que teniendo en cuenta que el material de interés es arrastrado a lo largo del Tetuán, también se verían afectados los resguardos La Sortija, Nicolás Ramírez, Palermo, Vuelta del Río, entre otras, todas ellas ubicadas en extensión de territorios ancestrales.

Las dos certificaciones de Mininterior

Con respecto a este tema, Cortolima indicó que desde 2003 se radicó una solicitud para explotación de material de arrastre y sus concesiones sobre un polígono establecido en el río Tetuán, durante este tiempo el Ministerio ha expedido dos documentos, en el primero certifica que sí hay presencia de indígenas, pero en el 2012 entregó un nuevo certificado, indicando que no hay comunidades.

No obstante, a pesar de la contradicción la Corporación expidió un acto administrativo negando la licencia ambiental hasta tanto se realice la consulta previa, porque “hay antecedentes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que establecen que prevalece la protección de las comunidades, independientemente si la competencia de certificación es a través del Ministerio del Interior”, explicó Ramón Sánchez jefe Jurídico de Cortolima.

Ante esta resolución de Cortolima, los solicitantes de la licencia interpusieron un recurso de reposición, en el que se exigía que Mininterior visitara la zona y determinara si había o no resguardos, sin embargo, el Ministerio habría indicado que no.

Del mismo modo, un tercer interviniente, el gobernador de una comunidad indígena, también solicitó una inspección técnica, motivo por el cual un equipo interdisciplinario realizará una visita para revisar las condiciones sociales del sector, al igual que hacer una georreferenciación del polígono objetivo de extracción de material.

Con el recorrido que realicen expertos de distintas ramas, las comunidades afectadas buscan herramientas que le permitan garantizar su derecho al reconocimiento.