Procuraduría inició investigación preliminar en contra del Gobernador

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
La Procuraduría Regional del Tolima, indicó que procedió a iniciar una indagación preliminar en contra del gobernador Óscar Barreto, debido a los nombramientos de encargo que realizó en los hospitales de segundo nivel de Departamento.

Este procedimiento surgió a raíz de la solicitud que hizo el diputado Carlos Reyes al ente de control.

Los argumentos que indica el Asambleísta es que el Mandatario seccional no habría cumplido con la normatividad, pues en los cargos de los directivos transitorios se contrató a funcionarios que no cumplían con el total de los requisitos.

En el oficio que Reyes radicó ante el Ministerio Público, se indica que “la Secretaría de Salud o el Gobernador no podrían encargar a gente de fuera de la planta (...) o personas ajenas a la Secretaría de Salud del Tolima”.

Una vez revisado el requerimiento el ente de control encontró méritos para entrar a evaluar si hay o no algún tipo de incumplimiento.

Actualmente, “una funcionaria del hospital de Honda, colocó una tutela y el fallo en primera instancia salió a favor, actualmente está en apelación para segunda instancia.

“Hay cinco hospitales del Tolima que están en las mismas circunstancias”, precisó Reyes.

El diputado agregó que le han llegado quejas de que en hospitales como los de Chaparral, Honda y Lérida, se estarían generando contrataciones masivas.

Con respecto a este tema el gobernador Barreto, en una de las entrevistas dadas a los medios de comunicación indicó que era autónomo para designarlos, por lo tanto “lo que hice fue ejercer mi autonomía, no más”.

Tramitación en Cámara de Representantes

Con relación a los nombramientos de gerentes de hospitales oficiales, actualmente se trabaja en la creación de una Ley en la que se establece que “corresponderá al Presidente, Gobernadores y Alcaldes, dentro de los tres meses siguientes a su posesión adelantar nombramientos regulados, previa verificación del cumplimiento de requisitos del cargo establecido (...) y evaluación de competencias que señale el Departamento Administrativo de la Función Pública”.

Una vez se sancione esta Ley quedará bajo la potestad de los jefes de las entidades territoriales los nombramientos, esto conlleva a que la calidad de la gestión que haga el directivo nombrado recaiga en el alcalde o gobernador que lo eligió.

Esta es una propuesta que está lista para la firma presidencial.

Credito
EL NUEVO DÍA

Comentarios