Después de conocerse el proceso ejecutivo que emprendió Enertolima en contra de la Gobernación del Tolima, por el no pago del servicio entregado en las instituciones educativas oficiales de 46 municipios entre octubre de 2015 y junio de 2016, se conoció que el Gobierno seccional dio inicio a un proceso de acercamiento.

Con este, se buscó levantar los embargos que recaían sobre siete cuentas bancarias oficiales.

Según Dora Montaña, directora de Asuntos Jurídicos de la Gobernación, los avances en este tema fueron “depurar las cuentas y proyectar un contrato de transacción que en este momento está en proceso de ser firmado por las partes.

“(El documento) ya fue llevado a la empresa con el correspondiente respaldo presupuestal, para dar fin al proceso judicial y una vez ellos tengan el pago por concepto de esta deuda, levantar todos los embargos”.

La Jurídica agregó que se hizo la solicitud sobre seis cuentas y solo quedó en embargo una que tiene un valor de $4 mil 200 millones.

La idea es que una vez se haga el giro a Enertolima para cancelar la deuda que supera los dos mil millones de pesos, esta sea liberada.

Cabe precisar que, con el acuerdo alcanzado por las dos partes, se paga la totalidad de la deuda y Enertolima, a su vez condona los intereses.

Al quedar al día con la entidad de servicios, continúa la labor que se ha intentado realizar por varios años, la cual consiste en buscar las alternativas que permitan que parte de las deudas por consumo de luz, sea asumido también por las administraciones municipales.

Mientras eso sucede, por ahora, el costo del consumo de energía de los colegios seguirá bajo la responsabilidad de la Gobernación y sería cancelado con los recursos que lleguen por las transferencias del Sistema General de Participaciones, no obstante, dichos rubros tienen prioridades en la inversión.

“Primero está la prestación del servicio educativo, que corresponde al pago de nómina y la misma Ley 715 determina cómo se harán los pagos”, explicó la Directora de Asuntos Jurídicos.

Antecedentes

Uno de los datos reportados en 2015, sobre este tema es que el cobro entre las instituciones, oscila entre una mensualidad de $500 mil hasta dos millones de pesos. El consumo también depende de que el colegio esté ubicado en zona rural o urbana, los equipos con los que cuenta, al igual que el número de estudiantes.