“Ellos terminaron el 31 de diciembre y a partir de enero, estaban con la nueva Administración. La Ley es muy clara y dice que las incompatibilidades de los concejales tendrán vigencia desde el momento de su elección y hasta seis meses posteriores al vencimiento del período respectivo.

“Por eso, como Concejal estoy poniendo la queja ante la Procuraduría”, explicó Lugo.

En el documento contractual de Liseth Kateryne Rayo, se especifica que es de modalidad directa y tiene como objetivo “el acompañamiento de las actividades y acciones para el desarrollo agropecuario del Municipio”, y se realizó entre enero y julio de 2016.

Por su parte, Hugo Javier Arce, también por contratación directa, tenía el compromiso del “desarrollo de actividades de monitoreo e inspección para las obras públicas del Municipio”, este contrato al parecer fue entre febrero y abril.

Al trasladar esta inquietud al mandatario de Ataco, Jader Ochoa, respondió que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación y además indicó que “hay unos exconcejales que sí son contratistas del Municipio, pero no hay ninguna inhabilidad en ese sentido, después de terminar el periodo para el que fueron elegidos pueden contratar con cualquier entidad pública”, precisó el Alcalde.

Otro de los cuestionamientos que han surgido es la contratación que hizo la Administración municipal con personas particulares para el servicio de aseo, que consiste en el barrido de las calles y el manejo de la planta de tratamiento de la Alcaldía, entre enero y abril.

Servicio que tuvo un costo bimensual de $18 millones 600 mil pesos.

Sobre este tema el burgomaestre manifestó que “pienso que el lío es más porque es una persona humilde y de pronto no tendría la posibilidad de contratar un valor por $9 millones que no me parece que es exagerado.

“Sin embargo, ahí tenemos todos los contratos y todo está al día”.

Ochoa agregó que se contrató una persona natural, para que hiciera la labor y que esta se encargaría de emplear otras más de llegarlas a necesitar, costo que cubre el valor del contrato, asimismo que tiene un supervisor asignado.

Casos de extorsiones

En este tema el mandatario de Ataco habló sobre las denuncias que han hecho algunos presidente de Junta de Acción Comunal, sobre presuntas amenazas.

Precisó que recientemente se realizó un Consejo de Seguridad, porque también se estarían generando casos de extorsión.

“Hemos identificado que es delincuencia común y no grupos organizados, sin embargo la Brigada Nº8 y el Batallón Caicedo nos está apoyando en el casco urbano.

“Determinamos que algunas de esas extorsiones venían de la cárcel de Picaleña”, contó, Jader Ochoa.

Entre los reportes de las extorsiones están tres presidentes de Junta de Acción Comunal y en cuanto a las amenazas han recaido en los cabildantes Lizandro Molano del partido Mais y Albeiro Lugo de Cambio Radical.