El conflicto que se inició hace más de una década entre la comunidad de Mariquita con la empresa de servicios públicos Espuma S.A., llegará ahora a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh.

Decisión que según Israel Guzmán Henao, representante legal de la veeduría ciudadana Unidos contra la Corrupción, a nivel departamental y nacional, las denuncias no han tenido avances significativos.

Uno de los cuestionamiento que se mantiene es que la creación de la empresa es de carácter mixto es decir 70% privado y 30% pública.

Asimismo, que a la fecha hay registro del remate de viviendas por el no pago del servicio.

“En este momento remataron de manera ilegal dos viviendas, las cuales no han sido entregadas. Por eso acudimos a la Cidh, para que ojalá se pronuncien frente a estos casos, debido a que es el Estado colombiano el responsable si llega a suceder una tragedia en Mariquita (...) en razón a un levantamiento frente a estos hechos”, expresó Guzmán Henao.

Esta demanda que es dirigida en contra del Estado colombiano, por la presunta negligencia que han tenido las autoridades judiciales frente a los hechos, tiene el apoyo de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia y Veedores sin Fronteras. De paso, también se solicitó al Consejo Superior de la Judicatura que “le habrá el ojo a la actuación de la Rama Judicial del Tolima”, explicó el veedor.

Por ahora, se espera que la Comisión Interamericana analice el caso y emita una decisión si lo acepta o no.

¿Participación de grupos al margen de la Ley?

Uno de los documentos que se anexa en la demanda en contra del Estado, es la acreditación de la Fiscalía General de la Nación, en la que se reconoce una víctima por posibles represalias ocurridas en Mariquita en diciembre de 2002 y que involucra las autodefensas.

Sobre este tema, la Fiscalía precisa que el caso se encuentra en etapa de documentación y verificación.

Y aunque el alcalde de Mariquita, Alejandro Galindo, expresó hace unas semanas que la Fiscalía solicitó documentos para desarchivar un caso de una “presunta coacción de parte de la empresa, no me consta, la Fiscalía fue la que lo dijo. En este momento es motivo de investigación”, el gerente de la entidad, Édgar Castro, afirmó que esto no es así.

El directivo explicó que este pronunciamiento fue preocupante en su momento, ya que hasta hoy no se conoce ninguna denuncia relacionada con el tema.

“Hemos enviado a tres abogados a averiguar en las fiscalías de Bogotá, La Dorada, Honda e Ibagué (para que revisaran) si había alguna denuncia en contra de nosotros y no”, contó Castro.

Agregó que esta sería una equivocación, ya que si se reabrió una investigación sería por otro tema.

“Orlando Arciniegas Lagos hizo abrir un proceso en la Fiscalía de un supuesta celebración indebida de contratos de hace 16 años.

“Cuando la empresa celebró el contrato con el Municipio. Ese es el único proceso que vimos que se reabrió.

“El tema de paramilitares, amenazas, de vinculación con la sociedad, es completamente falso”, reiteró el directivo.

Cifras

La explicación que se entrega al hecho que la entidad sea de mayor proporción privada, es que el Concejo municipal por medio de un acuerdo en el año 2000, entregó facultades al alcalde de ese entonces William Rubio, para que la naturaleza fuera mixta. Otro de los argumentos entregados por el gerente Édgar Castro, sobre el no pago de varias personas, es que hay usuarios que piensan que la empresa no es legal. A la fecha se tiene alrededor de 9 mil 500 usuarios, de ellos mil 400 son morosos, de esta cifra aproximadamente mil 100 no superan el año de deuda y alrededor de 150 estarían con una mora que oscila de 1 a 5 años, “pero hay un grupo de 150 usuarios que está ‘enrranchado’ con oposición negativa de pagar, que llevan de 5 años para adelante”, expresó el Gerente. A la fecha se han rematado dos predios, los cuales tenían deudas que no superaban los $8 millones y que según la entidad se rehusaron a pagar. En cuanto a procesos jurídicos se tendría alrededor de 30 predios. Indicó que sí ha enviado información a la Alcaldía municipal para que sean intermediarios en el conflicto, no obstante, esto no ha sido posible.