Para la Procuraduría Regional del Tolima, el funcionario desconoció los principios de transparencia en la contratación asignados dentro de sus funciones, al adquirir bienes y servicios sin efectuar un proceso contractual conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993 que rige la contratación estatal.

El exmandatario, como máximo representante de la comunidad y del ente territorial, debía ejercer su gestión bajo las acciones de verificación, seguimiento y control de las diferentes etapas de la contratación para garantizar los principios de transparencia y responsabilidad en la administración de los bienes públicos, pero omitió dichas acciones y mediante resoluciones No. 223 de 2012 y la 152 de 2012, adelantó la compra de materiales de construcción para mantenimiento de los centros educativos del municipio y el vestuario e instrumentos musicales para el grupo de danzas.

Para el Ministerio Público la falta disciplinaria fue calificada como grave a título de culpa grave.

Teniendo en cuenta que el disciplinado no se encuentra ejerciendo el cargo, se ordenó realizar la conversión de la sanción de suspensión en salarios de acuerdo con el monto devengado para el momento de la comisión de la falta.

Caber recordar, que en 2015 la Procuraduría formuló pliego de posibles irregularidades en la administración de la planta de beneficio del municipio.