El núcleo familiar está conformado por dos menores de edad y dos adultos, en donde la madre está en estado de embarazo, y al parecer por la falta de la documentación de migración, no está en control prenatal.

“La Defensoría del Pueblo, una vez conoce que no se están prestando los servicios de salud, procede a presentar una acción constitucional para que protejan los derechos fundamentales”, explicó Aguiar.

Añadió que tras la segunda sentencia, se dio orden a la Alcaldía municipal de Icononzo, para que le preste los servicios de salud a la mujer que cruza el quinto mes de embarazo.

Asimismo, se precisó que esa Administración, debe gestionar la documentación respectiva para legalizar la estancia de esta familia en el Departamento.

“El mandatario (Jorge Enrique García) con su argumentación que es valedera (estaba), y que se basada en que eran extranjeros, se les debía aplicar un régimen distinto”.

“Pero tratándose de la salud de cualquier persona en Colombia, se debe dar aplicación a esos mínimos derechos que tenemos todos”, reiteró el Defensor del Pueblo.

Es de resaltar que en este caso, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, consideró que a pesar que está sin legalizar la situación jurídica de la familia, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, ellos se encuentran en condición de vulnerabilidad, teniendo en cuenta las circunstancias por las cuales se vieron obligados de salir de su país.

Teniendo en cuenta que el fallo se conoció el 13 de octubre, se esperaría que tanto la madre gestante como los dos menores y el esposo, ya estén siendo atendidos en el hospital municipal de Icononzo.