Por ello, esta semana un equipo financiero de la institución, se reunió en Bogotá en mesa técnica y financiera con el Ministerio de Educación y de Hacienda, con el propósito de tener una valor concreto, antes del 8 de noviembre, día en el que se reunirá nuevamente el Consejo Superior.

El hecho de llevar más de un año sin establecer la cifra, se debería a “una desarticulación y desorganización de unos procesos, (al igual que), ausencia de los sistemas de información necesarios para poder establecer, la cifra en este momento”, indicó el rector (e) Ómar Mejía.

Una vez se consolide el pasivo, se podrá crear un plan de pagos con los proveedores.

Congelación del gasto

Aunque hubo varias especulaciones sobre las medidas de choque que debía emprender la entidad para minimizar gastos, Mejía precisó que este es un tema que se está analizando con ‘lupa’, ya que no se pueden tomar decisiones apresuradas, que traigan en el futuro consecuencias negativas para la UT.

“Se congeló el gasto (y) la nómina de la universidad, es decir que no habrá más nombramientos o ascensos, que impliquen aumentos.

“(También) se solicitó la reversión de algunos certificados de disponibilidad presupuestal que estaban ahí para pago”, explicó el rector (e).

Con estas estrategias se busca reunir los recursos económicos que estaban dispersos, para poder plantear una solución de pagos a nóminas y obligaciones laborales en diciembre.

Otro de los anuncios del directivo, es que se estaría a la espera de un giro de $400 millones por parte de la Gobernación del Tolima, para reunirlos con recursos propios, y así buscar una estabilidad financiera en 2017.

“Las medidas coyunturales son para superar los temas de impagos de salarios y primas”, agregó Mejía.

¿Y el crédito?

Para el directivo, esta es una de las salidas económicas que tiene planteada, no obstante, precisó que se haría siempre y cuando se tenga la garantía que se puede pagar, de esta manera se busca evitar comprometer vigencias futuras.

De otro lado, la comunidad universitaria se pregunta cuándo empezarán los recortes de personal o declaratorias de insubsistencia, a lo que Mejía respondió que este es un asunto que se debe manejar con responsabilidad, ya que “por asegurar unos recursos que provendrían de la reducción de la nómina declarando insubsistencias en estos dos meses, no vamos a comprometer la seguridad financiera y jurídica de la Universidad a largo plazo”.

En cuanto al proceso estructural que se debe realizar en la entidad, sigue a la espera de la llegada de recursos para contratar una universidad externa, la cual sería la encargada de los estudios técnicos y jurídicos, que permitirían tomar medidas de fondo.

Se estima que dicho estudio tenga una duración máxima de seis meses.