Estos se encontraron luego de una auditoría efectuada por la Gobernación del Tolima en las poblaciones de Natagaima, Planadas y Ortega sobre los resultados de los proyectos de inversión aprobados durante las vigencias 2012 a 2015, revisándose entre otros, el proyecto  destinado al Mejoramiento de la capacidad instalada de las IPS Públicas de los municipios del contrato Plan Sur del Tolima, por valor de $3.143 millones.

La Contraloría encontró que en dichos municipios, las ESEs contrataron la adquisición de equipos de rayos X digitales y recibieron equipos con tecnología convencional que no cumplía las especificaciones técnicas contratadas, sin embargo, el contrato fue pagado al proveedor en cada Hospital por el valor total del equipo.

Por lo anterior se establecieron los hallazgos con presunta incidencia Penal, Disciplinaria y Fiscal por el valor de $894 millones.

En Natagaima y Planadas, la adquisición de equipo de Rayos X convencional, que no cumple con especificaciones establecidas en el contrato. Adquisición de dos monitores de signos vitales, los cuales no atienden las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

Y en Ortega, la adquisición de dos monitores de signos vitales que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, por un costo de 12 millones 8 mil 436 pesos.

¿Qué se debió hacer?

 Según el ente de control, la Gobernación de Tolima pudo haber hecho un solo proceso contractual para adquirir todos los equipos, evitando la suscripción de convenios/contratos interadministrativos y posteriormente una contratación adicional con proveedores, mejorando así las condiciones económicas de dicha compra, máxime si se tiene en cuenta que los Hospitales no suministran directamente estos equipos, por no estar dentro del  su alcance y objeto social.

Por esto mismo, se considera que la modalidad de contratación escogida no era la indicada para satisfacer la necesidad, en términos de economía.

Luego de las novedades, se solicitó realizar indagación preliminar en Rioblanco, San Antonio y Roncesvalles, de los cuales no fue posible obtener información al respecto.

Por esta misma razón se derivaron dos procesos administrativos sancionatorios a la Gobernación del Tolima, por no atender en la forma y oportunidad los requerimientos de información realizados por la Contraloría General de la República, así como por debilidades en la gestión de los archivos a su cargo.

 Estos se encontraron luego de una auditoría efectuada por la Gobernación del Tolima en las poblaciones de Natagaima, Planadas y Ortega sobre los resultados de los proyectos de inversión aprobados durante las vigencias 2012 a 2015, revisándose entre otros, el proyecto destinado al Mejoramiento de la capacidad instalada de las IPS Públicas de los municipios del contrato Plan Sur del Tolima, por valor de $3.143 millones.

La Contraloría encontró que en dichos municipios, las ESEs contrataron la adquisición de equipos de rayos X digitales y recibieron equipos con tecnología convencional que no cumplía las especificaciones técnicas contratadas, sin embargo, el contrato fue pagado al proveedor en cada Hospital por el valor total del equipo.

Por lo anterior se establecieron los hallazgos con presunta incidencia Penal, Disciplinaria y Fiscal por el valor de $894 millones.

En Natagaima y Planadas, la adquisición de equipo de Rayos X convencional, que no cumple con especificaciones establecidas en el contrato. Adquisición de dos monitores de signos vitales, los cuales no atienden las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

Y en Ortega, la adquisición de dos monitores de signos vitales que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, por un costo de 12 millones 8 mil 436 pesos.

¿Qué se debió hacer?

Según el ente de control, la Gobernación de Tolima pudo haber hecho un solo proceso contractual para adquirir todos los equipos, evitando la suscripción de convenios/contratos interadministrativos y posteriormente una contratación adicional con proveedores, mejorando así las condiciones económicas de dicha compra, máxime si se tiene en cuenta que los Hospitales no suministran directamente estos equipos, por no estar dentro del su alcance y objeto social.

Por esto mismo, se considera que la modalidad de contratación escogida no era la indicada para satisfacer la necesidad, en términos de economía.

Luego de las novedades, se solicitó realizar indagación preliminar en Rioblanco, San Antonio y Roncesvalles, de los cuales no fue posible obtener información al respecto.

Por esta misma razón se derivaron dos procesos administrativos sancionatorios a la Gobernación del Tolima, por no atender en la forma y oportunidad los requerimientos de información realizados por la Contraloría General de la República, así como por debilidades en la gestión de los archivos a su cargo.