Al parecer, el actual propietario del predio ubicado en el sector Santa Rita, en Armero - Guayabal y donde está construido el aljibe, no reconoce la legalidad de la servidumbre que existe desde 1994.

El caso fue denunciado ante la Inspección Municipal de Policía, a través de una querella por perturbación a la posesión, no obstante fue negada, y a través de auto del 1 de noviembre de 2016 declaró la caducidad de la acción y, de igual manera, que se “rechaza la misma por carecer de jurisdicción y competencia”, dice el documento.

Ante la respuesta, los afectados recurrieron al recurso de apelación, “cayó en manos del Alcalde (Carlos Escobar) y volvió a ratificar lo que dijo el inspector de Policía.

“Y en diálogo con él, dice que perdimos la posesión porque llevamos 30 años sin utilizar el pozo y eso es mentira”, contó Pedro García, representante de la comunidad.

La decisión de la Administración municipal se conoció a través de la resolución 577 del 22 de diciembre de 2016, en ella se ratifica el fallo de la Inspección, basado en el hecho de que el predio fue adquirido en febrero de 2015 y la querella de perturbación se interpuso en septiembre de 2016, es decir pasado más de un año.

Sin embargo, los afectados argumentan que fue hasta el 14 de septiembre cuando se dieron cuenta de que les querían quitar el pozo, época en la que “se conoció que iba (el nuevo dueño) a hacer la instalación de las redes eléctricas para empezar a usarlo y nos prohibió la entrada a la servidumbre.

“La perturbación nació con la instalación de la energía”, explicó García.

Herencia armerita

El afectado contó que en 1987 se creó con 12 socios la empresa comunitaria Santa Cecilia, que fue reconocida por el Ministerio de Agricultura y el Incora.

También, que desde entonces los socios fundadores se beneficiaron con la perforación y construcción de un pozo profundo, que se hizo con recursos del Gobierno nacional y la comunidad internacional.

Y a pesar de que siete años después se disolvió la empresa, en las escrituras de propiedad quedó la advertencia de la servidumbre de tránsito.

“Lo más duro de todo, es que en cada título de las 12 familias, hasta en la del mismo comprador, aparece que ese pozo es de la comunidad de Santa Cecilia”, dijo el denunciante.

Sin embargo, esta referencia, al parecer, no es tenida en cuenta.

Denuncia ante la Procuraduría

Los propietarios del pozo, al sentirse despojados del derecho al recurso hídrico, procedieron, recientemente, a poner el caso bajo el conocimiento de la Procuraduría General, instancia en la que denunciaron a la Inspección Municipal y a la Alcaldía de Armero - Guayabal, porque no estaría teniendo en cuenta la propiedad como servidumbre.

Asimismo, explican que el pozo quedó fuera de funcionamiento desde 2008, tras la incursión paramilitar en la zona, tiempo en el que desvalijaron la parte eléctrica del pozo.

Y agregan que durante todos estos años, buscaron el apoyo del Gobierno local, pero, no se logró obtener.

EL NUEVO DÍA intentó comunicarse con el mandatario Carlos Escobar, para hablar de este caso, pero no fue posible.