Según la demandante, Yamile Maritza Pérez, el mandatario Aponte, la retiró de su cargo antes del 31 de marzo de 2016, fecha a la que tenía el contrato que comenzó en octubre de 2014.

A esto se le agregó el argumento que la entonces gerente estaba en periodo de maternidad, tras el hecho Pérez optó por instaurar una acción de tutela, argumentando la presunta vulneración al debido proceso ya que no se le notificó oportunamente la resolución en la que se destituía y se nombraba su reemplazo. Una vez se analizaron los hechos la acción jurídica fallo a favor de la exgerente, no obstante, al parecer, esta no fue reintegrada.

Al interponer la medida de desacato, el Juzgado Séptimo Civil Municipal, indicó que el mandatario Aponte, mostró “franca rebeldía contra las decisiones judiciales tomadas”.

Una vez analizada las causas en el resuelve del proceso se indica que el burgomaestre “incurrió en desacato a las órdenes impartidas en los fallos de tutela del 2 de noviembre de la pasada nulidad y (...) el del 15 de diciembre”.

La medida que pude ser apelada consiste en un día de arresto en el calabozo de la Policía de Ortega y una multa de aproximadamente $2 millones 200 mil.

EL NUEVO DÍA intentó comunicarse con el Alcalde, pero no fue posible.