El objetivo de esta iniciativa, que se exige a través de la Ley 1785 de 2016 o Ley Unidos, es que los municipios y departamentos, tengan un plan estructurado y articulado para combatir la pobreza, soportado en las metas y recursos establecidos en los Planes de Desarrollo.

Sobre el tema el DPS, precisó que “en caso de que un alcalde o un gobernador incumpla con esta disposición, deberá responder disciplinaria y fiscalmente ante los organismos de control que lo requieran, pues se trata de una Ley que es de obligatorio cumplimiento por parte de los servidores públicos”.

Diego Giraldo, director de Grupos Vulnerables de la Secretaría de Inclusión Social, indicó que recientemente se reunió con funcionarios del DPS para hablar sobre la norma, asimismo, que se empezó una articulación con la Secretaría de Planeación para entregar a tiempo el Marco exigido.

Ley Unidos

La Ley 1785 de 2016 o Ley Unidos crea la Red para la Superación de la Pobreza Extrema, la cual está integrada por organizaciones públicas del nivel nacional, territorial y local, al igual que entidades privadas y civiles.

Dicha normatividad tiene el propósito de ampliar y mejorar la provisión de servicios sociales, ofrecer acompañamiento familiar y comunitario, también, garantizar acceso preferente a la oferta a hogares en pobreza extrema y optimizar el gasto social.

Fecha límite

Una de las precisiones que hizo Prosperidad Social es que el documento de acciones en la lucha contra la pobreza extrema debe ser presentado antes del 15 de junio al Concejo Municipal o Asamblea Departamental a modo informativo, según el caso.