23 de Noviembre del 2017
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Regional
Polémica por paz y salvo que entregó la UT a la Gobernación
Nuevamente se generó una discusión entre sindicatos y la administración de la Universidad del Tolima. En esta oportunidad el origen del conflicto es el contrato de transacción acordado entre la Gobernación y la Alma máter, el cual finalizó un proceso judicial que completaba una década.
TOMADA DEL FACEBOOK PRENSA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA - EL NUEVO DÍA
En el Consejo Superior ordinario adelantado el viernes, se definió por unanimidad prorrogar por un año el mandato del rector Ómar Mejía.
(Foto: TOMADA DEL FACEBOOK PRENSA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA - EL NUEVO DÍA)
20 Ago 2017 - 3:01am

El contrato de transacción entre la Universidad del Tolima y el Gobierno departamental, que finalizó un proceso jurídico que comenzó en 2007 y que buscaba ajustar la transferencia de los aportes según lo establece la Ley 30 de 1992, generó un desacuerdo por parte de docentes, trabajadores y sindicatos de la Alma máter, ya que consideran que este acuerdo significa renunciar a la ‘deuda histórica’ que tendría el ente gubernamental con la UT.

La polémica se generó esta semana, tras conocerse el acuerdo al que llegó en febrero, Ómar Mejía como rector y representante legal de la Universidad, y Óscar Barreto Quiroga, como gobernador y representante del Departamento, documento que fue remitido al Tribunal Administrativo del Tolima, exactamente, al magistrado Carlos Arturo Mendieta Rodríguez, para que concluyera el proceso.

Según el oficio y después de hacer un recorrido por las decisiones dictadas en la última década, se explica que la medida que hizo que el ente territorial quedara a paz y salvo con la institución por las transferencias hasta el 2017, consistió en que “el ente territorial demandado se obligó a cancelar a la Universidad del Tolima, el valor correspondiente a las transferencias a su cargo en el futuro, teniendo como base la suma del monto resultante de lo reconocido en la Ordenanza 002 del 2 de diciembre ($3.688.198.173) más el incremento acordado (…) de la transferencia para 2017 en dos mil 500 millones de pesos.

“Lo cual indica que la base de liquidación de los aportes que efectuará el departamento del Tolima a favor de la entidad demandante a partir de 2018 se incrementó a la suma de $6.188.198.173”, precisa el oficio.

 

Lo que generó molestia

Finalizando 2016, a través de ordenanza la Asamblea le aprobó al Departamento la propuesta de transferir $3 mil 688 millones 198 mil 173, cifra a la que se le sumó $2 mil 500 millones, en febrero de 2017.

Esto permitió que la base presupuestal para la liquidación de los años venideros quedara en $6 mil 188 millones 198 mil 173. No obstante, la transacción final fue por $6 mil 302 millones 741 mil 852.

Y aunque el Gobierno departamental, manifestó a comienzos de este año que el aumento se hacía como esfuerzo e iniciativa propia, estudiantes como Andrés Hernández opinaron que el dinero era bienvenido, sin embargo, “la gente debe entender que simplemente es un abono a la deuda histórica de la Gobernación con la institución”.

El pronunciamiento que se hizo en el evento donde se oficializó con la firma del mandatario Óscar Barreto el aumento de la base presupuestal, hoy vuelve a tener vigencia tras conocerse la finalización del pleito jurídico, pues varios opinan que la gestión fue más un “show mediático”.

Voceros de Sintraunicol, Asepcut y Sintraofut, manifestaron que “como sindicatos reprochamos cualquier acción que pretenda lastimar los intereses de la Universidad a espaldas de la comunidad.

“Si hubo un proceso, por qué se tuvo que poner a paz y salvo ante un magistrado cuando conocemos, por la persona que demandó, que está en el Consejo de Estado en Bogotá”, indicó el vocero de Asepcut.

Por su parte, Sintraunicol y Sintraofut, expresaron que rechazan el acuerdo y también reiteraron “que es perder una deuda que está entre los $60 mil y $70 mil millones y que viene desde 1993”.

Sobre el hecho, el profesor Félix Salgado, explicó que hay una parte de este tema que no “cuadra” y recordó que en 2015, el entonces rector José Herman Muñoz, interpuso una acción de nulidad y restablecimiento para que se declarara nula la ordenanza 026 de diciembre de 2014, mediante la cual se asignó como transferencia $3 mil 346 millones para el 2015, cuando en cuentas de la UT el rubro a destinar debía ser de $6 mil 320 millones, monto según lo dispuesto por la Ley 30 de 1992.

“Esa acción de nulidad venía en su proceso normal en el Tribunal Administrativo del Tolima, interpuesta por Alexander Bohórquez y venía con fallo en primer instancia”, precisó Salgado.

Dicha decisión se conoció en diciembre de 2015 y en el oficio se declara la “nulidad de manera parcial de la ordenanza 026” y agrega que como consecuencia el restablecimiento del derecho, “se condene al ente público demandado (Gobernación) a cancelar las sumas de dineros adeudados conforme a la liquidación realizada por la Universidad del Tolima en cuantía de $2 mil 973 millones”, explica el oficio.

“El gobernador (Óscar) Barreto con el rector (Ómar) Mejía, negocian parte de ese fallo y el rector acepta, una partida de $2 mil 500 millones, para esa negociación del 2015.

“Lo que no vemos con buenos ojos, es que el gobernador sale con bombos y platillos a decir quiero a la Universidad del Tolima le voy a dar esta platica adicional que va a ser base presupuestal”, comentó el docente Salgado.

Finalmente, el documento del acuerdo establece que si bien es cierto que se discute sobre las transferencias de 2015 y la transacción acordada corresponde a 2017, se debe tener en cuenta que lo que se busca es que la Universidad alcance un incremento en la base presupuestal para transferencias futuras, “es claro que el nuevo monto pactado para el 2017 en la transacción aportada al proceso satisface sus pretensiones, pues así lo aceptó al declarar que el actual gobierno departamental del Tolima se encuentra a paz y salvo”.

 

“La tal deuda histórica no existe”, Misas

Ante la polémica, Fernando Misas, representante de los exrectores de la Universidad del Tolima, dijo que todo era una “desinformación que tiene por objeto llevar a la comunidad universitaria a unos enfrentamientos con base en mentiras y calumnias”.

Argumentó que dicha deuda no existe porque en 2008 el entonces ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, envió una carta al Viceministerio de Educación Superior, en la que da a conocer un concepto jurídico que indica que por Ley 791 de 2002 las deudas tienen caducidad.

Y explica que “conforme a estas disposiciones las acreencias surgidas de la determinación de los aportes de las universidades causadas con posterioridad a la ley 791, prescriben en término de cinco años y aquellas causadas con anterioridad a la vigencia de dicha norma, prescribirán optativamente a decisión del prescribiente en cinco años a partir de la vigencia de la Ley y en 10 años a partir de su causación conforme a la norma”.

También, la misiva de Minhacienda especificaba que “es importante adicionalmente destacar que la eventual reclamación por vía judicial de las obligaciones que nos ocupan, necesariamente deben estar sujetas a los términos de caducidad de la acción de reparación directa.

“Transcurrido este término, las obligaciones correspondientes no podrán ser reclamadas por vías judiciales, es decir, que de acuerdo a las normas legales vigentes, la tal deuda histórica no existe”, reiteró Misas.

El exdirectivo hizo un recuento rápido en el que expuso que entre el 2000 y el 2003, no hubo giros del Departamento a la Universidad, luego en 2004 recibió una transferencia de $6 mil 385 millones. Después entre 2005 y 2011, no se volvió a registrar pago.

“En 2012, en reunión con el entonces gobernador Luis Carlos Delgado, se definió como base presupuestal $4 mil 896 millones, (pero) en 2014 el señor Luis Carlos Delgado como gobernador y con una resolución violando conceptos de carácter constitucional y legal, le recortó a la Universidad la base presupuestal en $2 mil millones”, explicó el exrector.

 

Sin un fallo en firme

En cuanto a la demanda, Misas dijo que a pesar de que se dice que el proceso estaba por fallar en segunda instancia, son argumentos sin fundamento, porque así como se podía conocer una respuesta en un par de meses, se corría el riesgo de que pasaran años y no necesariamente, el resuelve podía salir a favor.

Ante este panorama, al parecer, un grupo de exrectores le propusieron al gobernador Barreto discutir el aumento tomando como punto de referencia lo determinado por la Secretaría de Hacienda en 2012.

Una vez se hizo el análisis jurídico y financiero por parte de la Administración seccional, se decidió aceptar la propuesta, “lo cual significaba, por una parte, que ya no había razón de mantener una demanda porque ya habíamos logrado echar para atrás esa resolución del señor exgobernador Luis Carlos Delgado”, expresó Misas.

En cuanto al acuerdo, Fernando Misas, dijo que “el rector Ómar Mejía actúo como vocero del Consejo Superior, por lo que procedió a retirar la demanda”.

Otras de la críticas surgidas hacia Misas en el Consejo Superior, es que antes defendía la deuda histórica y ahora no.

“Eso no es cierto, pido que escuchen los audios del 31 de mayo (sesión ordinaria) cuando intervine por cinco horas, explicando todo (la situación) y dije claramente, este no es un problema para que lo resuelvan ni jueces o magistrados, porque no es un problema de carácter jurídico, sino de política social”.

 

¿Existe la deuda histórica?

Varios docentes y trabajadores de la UT argumentan con soportes que la deuda sí existe, por lo que consideran que el acuerdo es un detrimento para la Alma máter por parte de la Gobernación.

Al revisar los históricos de este tema se conoció que años atrás, al aplicar la Ley 30 de 1992 se empezó a tener diferencias numéricas entre la Universidad y la Gobernación, pues mientras que el ente territorial fijó para 1993 como base de transferencias la suma de $496 millones 886 mil, la Universidad lo hizo sobre $930 millones 693 mil.

Desde ese año en adelante, los giros que hizo el Departamento fueron mucho menor a los proyectados por la institución.

Al hacer la cuenta desde 1993 hasta 2016, el cálculo del total de las transferencias para concepto de la UT asciende a más de $96 mil millones, mientras que las cuentas de la Gobernación llegan a $51 mil 277 millones, y sobre esta última cifra se pagaron $32 mil 721 millones.

Estas proyecciones fueron expuestas al Consejo Superior, en sesión ordinaria del 31 de mayo de 2016.

Para trabajadores y docentes de la UT, la deuda histórica saldría de la diferencia de los más de $90 mil millones y los $32 mil que se cancelaron en el transcurso de los años, fijando como resulta una deuda $63 mil 325 millones.

Y teniendo en cuenta que el Tribunal Administrativo del Tolima aceptó el 6 de julio la solicitud de terminar el proceso judicial y se genera un paz y salvo por pago de transferencias hasta 2017, docentes y trabajadores, entienden que este acuerdo más allá de fijar una base presupuestal, significa renunciar al cobro de la deuda histórica. 

 

Cumplimiento a un acto judicial

La representante del gobernador del Tolima, ante el Consejo Superior, Olga Lucía Alfonso, indicó que el contrato de transacción no fue un arreglo, sino el cumplimiento a un fallo.

Recordó que a comienzos de la década del 2000 la Gobernación entró en Ley 550, la cual estableció alivios financieros, uno de ellos, fue suspender las transferencias como la de la Universidad del Tolima.

El objetivo era que una vez el ente territorial se recuperara financieramente renovaría las transferencias, esta situación explica la falta de giros entre 2000 y 2011, a excepción del 2004.

En ese lapso de tiempo, es decir, en 2007, Jaider Federih Acosta Guzmán inicia una Acción Popular contra el Departamento, debido a que según él se estaban vulnerando derechos.

“El Juez, que falló y quedó en firme, lo que definió en el proceso de la Acción Popular es que efectivamente la Gobernación debía reanudar la transferencia y se basó en una resolución de la Secretaría de Hacienda de 2012, donde estableció la base sobre la cual se liquidaba la transferencia”, precisó Alfonso. 

Agregó, que la Gobernación pagó la totalidad que el Juez le condenó a en su momento y que luego se hizo un trámite judicial en donde se puso a consideración la validez jurídica de la resolución que estableció la base donde se liquidaba la transferencia.

“Lo que el juez dijo en su momento es que la Gobernación estaba obligada a incrementar ese valor en el Índice de Precios del Consumidor, IPC, y eso es lo que se condenó a pagar, (es) lo que nosotros a través de la Secretaría de Hacienda, incluimos en los presupuestos de 2016 y 2017”, contó la funcionaria.

Aclaró que en el proceso, el Gobernador decidió aumentar las transferencias debido a la crisis de la UT, como apoyo, por ello llevó la propuesta a la Asamblea, pasando de $3 mil a $6 mil millones.

“Algunos miembros de la comunidad universitaria, entienden que el rector de la Universidad al firmar un acuerdo de transacción con la Gobernación, renunció a una supuesta deuda que teníamos, pero este era un tema que ya había sido juzgado y lo que se tranzó realmente era las acciones judiciales que estaban encaminadas a resolver el tema de la resolución y base gravable”, dijo la secretaria de Planeación.

 

Propuesta sindical

Trabajadores integrantes de Sintraunicol, Asepcut y Sintraofut, solicitaron tener voz en la sesión ordinaria del CSU efectuada el pasado viernes, para exponer una propuesta que ayude a la Alma máter a salir de la crisis, sin despedir a ningún trabajador. Sin embargo, a pesar de que estuvieron hasta las 5:40 de la tarde, no fueron llamados a participar.

Entre las ideas está generar políticas que materialicen el 100 por ciento de los recibos de matrícula que se expiden, pues según Juan Graham, fiscal de Sintraunicol, solo se estaría haciendo efectiva el 66 por ciento.

Asimismo, se propone estructurar la asignación académica por bloques, de esta forma se lograría tener un mejor flujo de caja en relación con los parafiscales y obligaciones de los catedráticos.

 

Rector Mejía continúa frente a la UT

El viernes se adelantó una sesión ordinaria por parte del Consejo Superior de la Universidad del Tolima, allí se discutió y aprobó la prórroga por 12 meses del periodo de transición del rector Ómar Mejía.

Del mismo modo, se logró un acuerdo unánime, sobre la estructura organizacional que tendría la UT, propuesta del Consejo Académico surgida del informe técnico entregado por la Universidad del Valle.

“Se requiere ahora, para el siguiente Consejo Superior (en septiembre) que la Universidad nos presenté el escenario financiero del costo de esa estructura y una viabilidad jurídica y técnica para someter a aprobación como corresponde y establece los estatutos de la Universidad”, precisó Alfonso.

La funcionaria explicó que esto significa que se definió el organigrama que tendría la Alma máter, ahora lo que se requiere es definir en cifras el valor que le significaría a la institución adelantar el cambio.

Publicada por
REDACCIÓN REGIONAL
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