Según el litigante, esta decisión se adoptó luego de una reunión en donde participaron más de 200 personas que se consideran víctimas de una estafa y se hace con el fin de solicitar “ante el juez de garantías la audiencia de imputación, medida de aseguramiento y confiscación de bienes en contra del alcalde Alejandro Galindo y su esposa”, explicó Campuzano Quintero.

En el documento que fue radicado ante la Fiscalía Segunda Especializada contra el Patrimonio de Ibagué se explica que el derecho busca que se estudie de fondo este caso, que apuntaría hacia una presunta estafa agravada y demás delitos que involucran al mandatario Galindo, a la primera gestora social de Mariquita, Ángela Gutiérrez, y los representantes legales de la urbanización.

Se recuerda que a comienzos de agosto se entregó un listado de 600 afectados y un significativo material probatorio, “solamente en mi proceso he radicado unas 120 promesas (de venta) por un valor aproximado de mil 500 millones de pesos”, dijo el abogado.

Al centenar de demandas se le sumarían, en esta misma Fiscalía, más de 500 denuncias. Teniendo en cuenta las cifras los presuntos estafados no entienden cuáles son las razones para que el proceso no avance.

Petición

Los demandantes piden que se les informe de manera oportuna en qué etapa procesal se encuentran las denuncias radicadas ante la Fiscalía General de la Nación y las que se trasladaron a Ibagué.

Del mismo modo, que se explique si a través del plan anticorrupción ‘Bolsillos de Cristal’ se han tomado medidas preventivas.

Antecedentes

A finales de mayo varios compradores de lotes del proyecto Balcones del Prado arribaron al concejo para pedir explicaciones a la administración municipal sobre el plan de vivienda que habían adquirido a una asociación de la que hacía parte la primera gestora, Ángela Gutiérrez.

Tras conocerse el hecho fueron apareciendo compradores de diferentes partes del territorio nacional, quienes señalaban a Gutiérrez como la persona con quien realizaron el negocio.

Sobre este tema, el alcalde Alejandro Galindo, indicó en su momento que espera a que la Fiscalía defina e indique quiénes fueron los responsables de la reventa de un lote que era de su propiedad hasta 2008.

Cifra

800 sería el número aproximado de demandas que se radicaron en la Fiscalía de Ibagué.