En el segundo semestre del calendario escolar, el Departamento destinó $9 mil 178 millones para cubrir el servicio de transporte escolar en 41 municipios, recursos del Sistema General de Regalías.

No obstante, debido a la exigencia de una póliza que las aseguradoras no venden para el tipo de carros que viajan a las veredas (jeep y camionetas), hasta la fecha solo nueve alcaldías lograron utilizar los recursos.

De mantenerse el panorama al 15 de diciembre, la Administración seccional deberá retornar a la Nación los recursos que no utilice, que hasta la fecha serían más de $5 mil millones.

“Esto es lo más triste de nuestra realidad, son recursos del Departamento, pero que pertenecen a un sistema general de regalías, es lo absurdo de la centralización”, contó Daniel Medina, director de Calidad Educativa.

El funcionario explicó que de las 41 poblaciones contabilizadas ocho desistieron al comienzo, pasadas algunas semanas cinco más tomaron la misma decisión, porque las empresas no cumplen los requisitos exigidos por Mintransporte.

De los 28 restantes, hasta la fecha y faltando alrededor de 20 días para terminar clases, 19 no han logrado adjudicar los contratos.

Esta situación, que tiene a miles de niños caminando por horas y pasando dificultades, al igual que riesgos, generó críticas de los alcaldes, puesto que consideran que las medidas impuestas desde Bogotá no son acordes con la realidad de los municipios.

Carolina Hurtado, mandataria de Lérida, dijo que allí existía un convenio por $153 millones, pero ninguna empresa se interesó en participar de la licitación.

Y añadió: “En vista en que hay una imposibilidad técnica, jurídica y administrativa, la Administración no puede proceder a la contratación. Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que venga y se dé una vuelta por las redes terciarias, se bajen de sus carros, se metan en el barro y se den cuenta de cómo les toca a nuestros niños”.

Ante la situación que se repite cada año, la Administración seccional está buscando alternativas que permitan que los niños de las zonas rurales cuenten con el servicio.

Una de las propuestas es que los 46 alcaldes se unan y hagan un pronunciamiento en bloque a la Nación, para exigir que la normatividad sea acorde a las condiciones de las veredas.

Presupuesto PAE

Pero la falta de recursos para educación va más allá. En recientes declaraciones, el gobernador Óscar Barreto dijo que al departamento le asignaron un porcentaje muy mínimo para financiar el PAE en la vigencia 2018.

“Si yo fuera a contratar la alimentación escolar para atender toda la población estudiantil del Tolima, tendría que abrir una licitación por $165 mil millones, (pero) el Gobierno nacional me acaba de certificar a mí, como gobernador $11 mil millones”, explicó el burgomaestre.

Y agregó que las dificultades son grandes en este sector y que “al Gobierno poco le interesa el tema”. Ante el panorama, el mandatario entrará a evaluar el presupuesto con las secretarías de Hacienda y Planeación, del mismo modo que se reunirá con los alcaldes y buscará posibles salidas al tema.