La Primera Delegada para la Contratación Estatal investiga, adicionalmente, el cobro de “coimas” para obtener la autorización o agilizar los trámites por parte de la Supersalud, de la modificación de la composición accionaria de las entidades del sector.

Para la Procuraduría la presunta interferencia en el trámite de la autorización de pagos a cambio de recibir prebendas “pone de manifiesto un posible caso de corrupción en la Superintendencia Nacional de Salud en cabeza de la investigada a quien como Superintendente Delegada para la Supervisión Institucional al parecer le corresponde esa gestión en el trámite de liquidación de las EPS”.

Como parte de la investigación se ordenó un estudio patrimonial de la señora Carrascal, a quien se escuchará en versión libre en caso de que lo solicite.