El defensor del Pueblo del Tolima, Miguel Ángel Aguiar, explicó que esta decisión responde el recurso de reposición que instauró el Inpec, argumentando que existía hacinamiento en el Coiba de Picaleña.

Ante dicha respuesta la Defensoría “mediante un oficio solicitó que la vulneración era latente, permanente, porque las condiciones no eran aptas dentro de la Permanente Central y que debía mantenerse la medida cautelar”.

Una vez el Tribunal evalúo las explicaciones de cada una de las partes respondió que se debía mantener la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público.

“Se mantiene la orden de recibir a todas las personas que se encuentran en la permanente central en Coiba Picaleña. En la acción popular se vincula al sindicato del Inpec, porque a ellos, los podría afectar las decisiones que tome el Tribunal Administrativo del Tolima”, precisó Aguiar.

Una vez sean notificadas todas las partes, se dan 48 horas para cumplir la orden judicial, la cual se hace necesaria, teniendo en cuenta que a hoy se tiene un registro de 180 internos.

Actualmente, este grupo de personas se encuentra en “una situación de vulnerabilidad de derechos humanos en todas de las condiciones, por eso la Defensoría insiste en que deben recibirse por parte del Inpec”, concluyó Aguiar.