Víctimas de la violencia en el Tolima acuden a la Cidh para que obligue al Estado a cumplir reparación

REDACCIÓN - EL NUEVO DÍA
Un grupo de 68 víctimas del conflicto armado del Tolima, recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Estados Unidos, para exigir el pago de sus indemnizaciones, pues a pesar de que ya están reconocidos por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas y tienen varios fallos a favor, este sigue sin cumplirse.

El abogado Jhon Edwin Charry Lozano, contó que ya agotó todos los recursos de la jurisdicción interna del Estado colombiano hasta llegar a la Corte Constitucional, que expidió el auto 206 en abril del año anterior, mediante el cual le ordenó a la Presidencia de la República y a la Unidad de Víctimas, cancelar el 31 diciembre de 2017 los pagos respectivos.

Ante el incumplimiento, esta semana “instauré una petición de denuncia individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para el cumplimiento de 68 víctimas que tenían fecha de pago”, explicó Charry Lozano.

Los ciudadanos que ya tienen el reconocimiento, sufrieron de desplazamiento forzado, tortura, secuestro y perdieron seres queridos en homicidios.

Para el litigante, el problema jurídico en este proceso se debería a que se creó una ley de víctimas para pagarle a ocho millones 500 mil personas, pero no se verificó si el Estado contaba con la totalidad del recurso o cuál iba a ser la fuente de financiación.

El faltante, genera que los afectados tengan que recurrir a una demanda para que un juez sea quien establezca la fecha de pago, no obstante, a pesar de ello, “hasta el momento se han burlado de las víctimas, razón por la cual hemos acudido a instancias internacionales”, agregó.

Los demandantes son de poblaciones como Dolores, Purificación, Ataco, Ibagué, Prado, Líbano, Ortega, Cunday, Ambalema, Rovira, Rioblanco, Cajamarca, Planadas, Venadillo, entre otras.

Con esta acción jurídica, se pretende que le ordenen al Estado colombiano en representación del presidente Juan Manuel Santos, la protección de los derechos humanos que están siendo vulnerados en el Tolima y que se dé cumplimiento al auto de la Corte Constitucional.

Del mismo modo, que se expida una medida cautelar que le permita a las víctimas acceder a la verdad, justicia y reparación en el marco del derecho internacional humanitario.

En cuanto al tiempo de respuesta de la solicitud, “el Estado colombiano por ser parte de la Convención de Derechos Humanos en el pacto de San José, la Cidh tiene dos meses para informarle que existe un incumplimiento a las víctimas de la violencia en este país”, precisó Charry Lozano.

Credito
EL NUEVO DÍA

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