La Gerencia Departamental Colegiada del Tolima de la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal en contra de cuatro funcionarios de la Secretaría de Salud del Tolima, incluida la jefe de este despacho, Sandra Liliana Torres, al igual que, de la exgerente del hospital San Juan Bautista de Chaparral, Ángela Maritza López y dos subcontratistas.

El auto se deriva de la investigación que adelanta el ente de control, sobre el contrato interadministrativo N°637 que estableció el Gobierno departamental con el hospital San Juan Bautista de Chaparral en 2016 por mil millones de pesos, recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, que fueron destinados a apoyar actividades de prevención y control del dengue, chikungunya y zika en 11 poblaciones del Tolima.

Y se da apertura a la investigación porque presuntamente la Secretaría generó un doble pago por el concepto de gastos operativos dentro del contrato, generando un daño fiscal de $56 millones.

En el documento relacionan como presuntos responsables fiscales a la secretaria Sandra Liliana Torres como ordenadora del gasto y quien suscribió el convenio; Luis Eduardo González, en calidad de asesor de la secretaría, supervisor y encargado de autorizar pagos parciales.

También, a Alexandra Patricia Lozano, quien en la época laboraba como directora de Salud Pública y fue supervisora del contrato; “era quien autorizaba los pagos parciales y finales, del mismo modo, las modificatorias de adición y suscribió informes de supervisión”, se precisa en el documento.

Jorge Emilio Osorio Tabares, en calidad de director Administrativo de Salud Pública y supervisor del contrato.

Cabe recordar que los dos últimos funcionarios posteriormente renunciaron.

Por el lado hospital, se vincula a Ángela Maritza López, quien en 2016 era la gerente del hospital San Juan Bautista de Chaparral, y encargada de ejecutar los recursos del contrato.

José Vicente Rodríguez como subcontratista del centro hospitalario y encargado de la Coordinación Financiera y supervisión.

Y, a Dirley Saavedra Quiñones, quien fue subcontratista del San Juan Bautista y encargada de supervisión.

Un convenio lleno de polémicas

En 2016 la Secretaría de Salud estableció un contrato con el hospital San Juan Bautista para crear campañas de prevención de enfermedades generadas por vectores, entre estos, el zika.

Luego, el hospital a su vez subcontrató a la Fundación Vida y Salud Solidaria I.P.S. para que adelantara las actividades contratadas por la Gobernación del Tolima.

En noviembre de 2017 se hablaba de diferentes hallazgos que sumados arrojaban un detrimento patrimonial de $487 millones.

Y tanto en diciembre como ahora, la Contraloría explicó que al parecer la Secretaría pagó indebidamente al hospital $56 millones por gastos operativos, cuando este no los ejecutó, sino que los subcontrató con Fundasalud, cancelando a este última por conceptos de gastos operativos $75 millones 673 mil.

Es decir que posiblemente se cayó en doble pago.

El ente de control especificó que el hospital hizo dos pagos a Fundasalud por el rubro de gastos operativos; uno por $48 millones 500 mil y el segundo por $27 millones 173 mil 944.

Una vez el ente de control procedió a verificar el costo del recurso ejecutado dentro del contrato N°637 fue de $944 millones y al preguntar sobre el faltante de los $56 millones para completar los mil millones de pesos que figuran en el contrato “la entidad territorial en respuesta al hallazgo fiscal indica que corresponde a gastos operativos, los cuales como se comprobó ya habían sido pagados a Fundasalud I.P.S.”.

A la vez, el hospital “confirma que dentro del valor del convenio 637 de 2016 cobró y pagó la Gobernación del Tolima $56 millones por el mismo concepto según comprobantes y relación de pagos presentados por el director Financiero de Tesorería de la Gobernación del Tolima Armando León Barrios”.

Pero, Fundasalud allega también el cobro por el mismo concepto de gastos operativos “a favor del hospital IPS, por valor de $75 millones 673 mil 944 con lo que se evidencia el pago doble (...)”.

Una vez se analizó las evidencias, la Contraloría observa “la existencia de situaciones irregulares en la ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, Salud (...)”.

En este caso fue vinculado como terceros civilmente responsables, la compañía de Seguros de la Previsora S.A. ya que el departamento adquirió una póliza global con ocho amparos “incluyendo fallos de responsabilidad fiscal por valor de $150 millones”.

LAS INVESTIGACIONES CONTINÚAN

A la par de este tema, otro contrato que está en la mira de los entes de investigación es el 916 de 2017, el cual suscribió la Gobernación del Tolima y la Fundación Solidaridad por Colombia, el cual tenía por objeto desarrollar un estudio descriptivo sobre el estado nutricional y condiciones sociofamiliares para generar un piloto de asistencia alimentaria. Según se conoció recientemente a través de un portal web de noticias de la región, la Fiscalía le solicitó de manera urgente a la Secretaría de Salud del Tolima el original de tres actas de las reuniones de seguimiento al convenio, del mismo modo, el original de asistencia a las mismas, requerimiento que se hace para adelantar “un estudio grafológico”.

Agregó, que dicha información quedará en cadena de custodia.

La petición se hace en el marco de la indagación que adelanta la fiscalía 14 seccional de la Unidad de Patrimonio Económico, por el delito de falsedad en documento público.

Al consultarle al gobernador del Tolima, Óscar Barreto, sobre las investigaciones que adelanta tanto la Contraloría como la Fiscalía a dos de los contratos símbolo de este despacho, se limitó a responder que “los pueden investigar, me parece maravilloso que los investiguen y nos cuenten qué pasó, qué reclamos pueden haber”.