El hospital Reina Sofía de España en Lérida, cruza actualmente por una fuerte crisis financiera, tanto así que algunos diputados han comparado la situación con la del Federico Lleras Acosta en 2014, antes de ser intervenido por la Superintendencia Nacional de Salud.

El asambleísta Carlos Reyes habló sobre la contratación del centro hospitalario en 2017, año en el que reportó un presupuesto de $14 mil millones y una facturación de $7 mil millones.

“En 2017 tuvo 720 contratos de prestación de servicios por un valor de cinco mil millones de pesos. En contratos de suministros fueron 721, por una cifra de $2 mil 139 millones, es decir, que los dos suman $7 mil millones y en dónde está el pago de la nómina”, comentó el asambleísta.

El cuestionamiento de Reyes se debe a que una de las mayores quejas en este año por parte de los empleados fue sobre la falta de pago de sueldos, “ya me doy cuenta por qué, porque todo lo hace para pagar favores políticos con estos contratos y ni siquiera le paga la nómina a los trabajadores”, agregó.

Ante las cifras, el diputado hizo una comparación con el Federico Lleras, hospital que tuvo el año anterior 600 órdenes de prestación de servicios para recaudar $70 mil millones.

“Ese hospital no está haciendo nada adecuado para salir de la crisis en que está, en lugar de racionalizar el gasto, lo está (aumentando) desafortunadamente en la prestación de servicios”.

Entre las contrataciones que llamó la atención, según Reyes, es la de siete médicos rurales, cuando generalmente esta cifra en los hospitales es menor, ya que los rurales siempre deben estar acompañado de un galeno con experiencia.

“Con lo que están haciendo en el hospital, van directamente a acabarlo, por eso le pido al Gobernador, a la Secretaría de Salud y a la Supersalud, que hagan una auditoría y tomen medidas”, agregó Reyes.

Y en lo que respecta a 2018 “en suministros van mil 166 millones de pesos en suministro y 183 contratos a agosto y por prestación de servicios van 204 contratos por $3 mil 122 millones, vamos por la misma (tendencia)”.

El diputado precisó que estos datos surgen de la información que suministró la gerente de la entidad.

Reportes de la Contraloría

De otra parte, el informe de la auditoría regular de la Contraloría Departamental sobre la vigencia de 2017 reporta 10 hallazgos administrativos de los cuales dos tienen alcance fiscal. Entre las fallas detectadas estuvo el no cobro de estampillas a 33 contratos de prestación de servicios, generando un posible detrimento de $8 millones 324 mil.

En cuanto al presupuesto, se reporta que inicialmente fue de $7 mil 002 millones y durante el transcurso del año se hizo una adición de $7 mil 681 millones. En cuanto a los egresos fueron por gastos de funcionamiento $12 mil 339 millones y de operación $2 mil 344 millones. Y precisa el ente de control, “al comparar el presupuesto definitivo de ingresos frente al de egresos, se determinó que no existe diferencia alguna, dado que el presupuesto se presentó de forma equilibrada”, señala el informe.

En cuanto a los $2 mil millones, que giró el Departamento por ordenanza de 2014, la Contraloría indica que con dicho recurso se pagaron; demandas por $701 millones, dinero que se cobró por reparaciones directas y servicios temporales de personal; asimismo, acreedores temporales $662 millones y proveedores por $635 millones.

El ente de control recuerda que a principios de 2017 el hospital contaba con acreencias de $5 mil 389 millones y al final de año reportó por el mismo concepto $6 mil 676 millones. “Podemos concluir que si bien con los recursos dados por la Gobernación (...) se cancelaron acreencias por $2 mil millones en 2017, este valor no alcanzó a aliviar las deudas (...) se cancelaron $4 mil 636 millones y se adquirieron nuevas obligaciones (...)”, dejando un incremento de mil 286 millones de pesos”. El mayor aumento provino de los acreedores por honorarios y servicios.

Dicha situación indica que “la crisis hospitalaria obedece a la falta de liquidez para cubrir sus obligaciones en el corto, mediano y largo plazo”. Para el ente de control es bastante preocupante que el hospital tarde en la recuperación de cartera o cuentas por cobrar 247 días en promedio.