Los cierres que dejó la crisis de la salud

A comienzos de año la clínica Avidanti cerró la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, medida que se adoptó, según la entidad, por la falta de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos para adultos, lo que estaba generando el traslado de pacientes a otras regiones, al igual que la baja ocupación que tenía el servicio infantil.

Días después, Esimed le notificó a la Secretaría de Salud del Tolima que cerraba de manera definitiva los servicios de la Unidad Pediátrica de Cuidados Intensivos, los cuales estaban deshabilitados desde enero de 2017.

Y justo tras la suspensión de este servicio, falleció un menor de nueve meses con síndrome de Down en la clínica Avidanti, debido a que presentaba un problema cardiaco. Este hecho hizo que se volviera a pensar en la necesidad de contar con la disponibilidad de camas en las UCI pediátricas en Ibagué, pues el menor estaba siendo preparado para trasladarlo a Bogotá.

Los maestros del Tolima se manifestaron por la mala atención del sistema de salud, una de las protestas se hizo en las instalaciones de la Unión Temporal Tolihuila en Ibagué para exigir que los pacientes de cáncer volvieran a ser atendidos en el Instituto Nacional de Cancerología, pues el traslado a otras entidades les generó recibir una mala atención.

En julio, la Secretaría de Salud del Tolima cerró de manera preventiva la Clínica Esimed S.A. de la calle 60 debido a las diferentes fallas que presenta la entidad. El sellamiento generó que cerca de 20 mil usuarios de la EPS Medimás tuvieran que ser reubicados en diferentes instituciones de la ciudad.

Este cierre hizo que a Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué buscarán alternativas para atender a las maternas

Y para acentuar aún más la problemática la Clínica Medicádiz a mediados de noviembre anunció que cerraba el servicio de urgencias a partir del primero de diciembre, decisión que adoptó por el incumplimiento de pagos por parte de las EPS.

Durante el segundo semestre, los trabajadores de la salud de esta institución exigieron saber cuál será el futuro de la misma tras la noticia de la Procuraduría de revocar la venta de Cafesalud.

Los dilemas de Villarrica

Luego de que la Administración municipal declarara la calamidad pública ante la falta de recursos para afrontar las diferentes emergencias, se iniciaron planes de contingencia que permitieron trasladar ayudas.

Después de ello, se conoció los resultados del estudio de riesgo físico que tenía el municipio, información que dejó sobre la mesa la duda de si se podía jurídicamente invertir en una población que tiene un alto nivel de amenaza. Dicha discusión se debatió durante todo el año, lo que originó finalmente que se adoptara la decisión de un reasentamiento y la actualización el Esquema de Ordenamiento Territorial.

Ante la necesidad de trasladar las familias que se encuentran en alto riesgo, las autoridades departamentales, emprendieron la búsqueda de un predio que permitiera inicialmente, reubicar 80 viviendas que están aledañas de la quebrada El Botadero.

Ante la falta de medidas de fondo, un grupo de habitantes llegó a la Asamblea con carteles que decían “Villarrica también hace parte del Tolima”, el reclamó se hizo ante el aparente olvido en que se tiene a esta población, pues consideran que aunque ya hay un informe del Servicio Geológico Colombiano, los entes territoriales no se arriesgan a tomar decisiones de fondo.

Estragos climáticos

El fenómeno de ‘La Niña’ provocó durante el 2018 inundaciones, crecientes de ríos y quebradas, vendavales, derrumbes sobre vias, daños en viviendas y acueductos veredales y pérdida de cultivos, lo que afectó la economía de los agricultores.

Gran parte del territorio tolimense estuvo en emergencia y entre las poblaciones que emitieron reportes estuvieron Santa Isabel, Líbano, Villahermosa, Villarrica, Palocabildo y Fresno, Planadas, Ataco, Chaparral, Ortega, Guamo, Saldaña, Espinal, Herveo y Casabianca.

Para el caso de Anzoátegui, las emergencias generaron la necesidad de reubicar familias. En cuanto a derrumbes viales se registraron en Chaparral, Ataco, Planadas, Ortega, Ibagué y Líbano.

Y en Purificación y Planadas decenas de familias terminaron con daños en sus viviendas a causa de las tormentas registradas.

Ante el número de eventualidades, a través del decreto 0480 del 17 de abril de 2018, la Administración seccional declaró la alerta amarilla en el Tolima.

Después, a mitad de año, un fuerte aguacero desapareció la banca en la vía que cruza por el sector Los Guayabos entre Playarrica y Roncesvalles, el hecho afectó a centenar de habitantes de las veredas aledañas al río Cucuana.

Elección de la UT demandada

Tras la elección el Tribunal Administrativo del Tolima admitió la demanda de nulidad electoral de primera instancia en contra del acto de elección de Ómar Mejía como rector de la Universidad del Tolima. Dicho ente optó por suspender el acuerdo que respaldaba la elección en propiedad del rector.

Luego, el Tribunal suspendió temporalmente los efectos del acuerdo mediante el cual, el Consejo Superior en 2016, le quitó a los decanos la función de nombrar a los secretarios académicos de las facultades y a los directores de Programa y Departamentos y le devolvió responsabilidades al rector de la alma máter. Estas acciones fueron apeladas por la administración ante el Consejo de Estado.

PAE bajo la lupa

Ante las diferentes problemáticas de corrupción que han envuelto al Programa de Alimentación Escolar, PAE, en el país, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, desde el comienzo de 2018, hizo un llamado a los padres de familia para que crearan veedurías en las regiones y vigilaran la ejecución del Programa.

Luego, en la edición No. 90 de la Asamblea de Gobernadores convocada por la Federación Nacional de Departamentos, los mandatarios hicieron una manifestación simbólica en bloque por la desfinanciación que tiene el PAE a nivel nacional, a lo que se le suma situaciones como demoras en la contratación del programa por parte de las entidades territoriales.

La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta por los retrasos que hubo en varias regiones para contratar el programa, entre ellos estuvo el Tolima, pues aquí el servicio comenzó cuatro meses después de iniciar el calendario escolar.

El Ministerio Público identificó los mismos problemas de años anteriores en los procesos de contratación como demora en la publicación de los pliegos definitivos, la no contratación oportuna del equipo, los retrasos en la planeación de la operación e incluso la no definición de la forma en la que va a operar el programa.

Para este año la licitación del PAE en el Tolima fue de un poco más de $17 mil millones.

Tras el trámite de licitación, la Fundación Construyamos Colombia fue el único proponente para el PAE del Tolima, misma entidad que se ha quedado con este tipo de contratación desde el 2016.

El proceso fue nuevamente cuestionado por la veeduría ciudadana Unidos Contra la Corrupción.

De otra parte, la Procuraduría General informó que la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia dará traslado para la eventual apertura de un proceso disciplinario en contra de la Gobernación del Tolima, teniendo en cuenta que hasta el 9 de abril, mil 666 sedes estaban sin el servicio.

Una de las quejas que se conoció del programa provino de Planadas, lugar en el que se denunció que los alimentos que recibieron los estudiantes de la I.E. Los Andes sede Núcleo de esta población, no era el ideal, pues consistía en un cuarto de huevo, una arepa y un trozo de carne.

En septiembre, la Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado inició una investigación disciplinaria en contra del gobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga; el contralor Departamental, Edilberto Pava; la directora del Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos, Dora Montaña, y el secretario de Educación, Jairo Cardona, por la urgencia manifiesta que se declaró en febrero de 2016 para atender el servicio de alimentación escolar.

Abonos Chiviados

La ayuda prometida a los agricultores damnificados de la ola invernal en Rovira, terminó envueltA en una gran polémica, que incluyó más de 3 mil bultos de insumos adulterados, la denuncia de una supuesta solicitud de coimas por parte del exsecretario de Desarrollo Agropecuario, Juan Rodrigo Alvarado, para adjudicar un contrato de $340 millones.

Por estos hechos, la empresa Agrosuministros de Colombia S.A.S., terminó vinculada a un proceso administrativo que finalmente terminó archivandose por falta de pruebas.

Lea más hechos que marcaron al Tolima, en el especial de este lunes en el periódico EL NUEVO DÍA