La Contraloría del Tolima generó un hallazgo fiscal de 373 millones 880 mil pesos a la Alcaldía de Melgar, porque presuntamente no cumplió con la normatividad que rige para los convenios entre entes territoriales y entidades privadas sin ánimo de lucro.

El hecho se habría generado en las vigencias 2017 y 2018, cuando la Administración municipal suscribió un convenio con la Asociación Brisas del Sumapaz, para aunar esfuerzos en el marco de la celebración del XXX Festival San Pedrino.

En estos casos, según el contralor Edilberto Pava, la ley indica que cuando se establecen convenios el Municipio aporta el 60 % del valor del acuerdo y la otra parte el 30 %, la cifra no puede ser inferior.

“Se sumaron dos vigencias y nos arroja que son cerca de $370 millones, que en ningún momento quien suscribió el convenio con el Municipio hizo ese aporte. (La Alcaldía) hasta la fecha, habiendo un informe definitivo, no logró presentar la certificación que hablara del aporte”, dijo Pava.

En el informe, que fue remitido al mandatario Miguel Antonio Parra el 28 de diciembre del año anterior, se explica que para la celebración del XXX Festival San Pedrino a desarrollarse en Melgar en 2017 se destinó $605 millones 269 mil 200, de esta cifra el Municipio aportó $599 millones 269 mil 200 y la Asociación $6 millones.

Y en 2018, para la versión XXXI del Festival San Pedrino el convenio se hizo por $661 millones, acuerdo en el que el Municipio aportó $651 millones y la Asociación $10 millones.

Del proceso de 2017 el aporte de Brisas de Sumapaz debía ser de $181 millones 580 mil 760, es decir que hubo un daño presupuestal que se cuantifica en $175 millones 580 mil 760.

Mientas que en la vigencia de 2018, la Asociación debió poner $198 millones 300, por lo que el hallazgo se calcula en $188 millones 300 mil.

Para el ente de control, en estas cuentas se estaría generando un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal de $373 millones, “por qué es detrimento, porque de comprobarse en el ejercicio de responsabilidad fiscal que no hubo nunca ese aporte, pues ¿quién aportó la plata, el Municipio? ¿era (acaso) dinero que le correspondía aportarlo a quien firmó el convenio?”.

Concejales fueron los denunciantes

 La auditoría exprés que adelantó la Contraloría se hizo tras las denuncias hechas por los concejales Elizabeth Rincón, Leandro Lozada Suaza, entre otros. En las quejas, además de relacionar los convenios de las fiestas, se solicitó que se indagara las presuntas irregularidades “en la destinación de recursos del impuesto de alumbrado público vigencia 2017 - 2018”, el presunto riesgo financiero del empréstito de $11 mil millones autorizado por el Concejo en diciembre de 2017, también las posibles irregularidades en la ejecución presupuestal de la Corporación en 2016.

Una vez se revisaron los temas, el ente de control determinó dos hallazgos administrativos, uno en el tema de alumbrado público y el otro en el empréstito. De la misma forma, llamó la atención que existe una cartera por recaudar en el impuesto de alumbrado público de $86 millones 623 mil 715, “recursos por los cuales el Municipio no ha ejerció las acciones legales que estimara conveniente para su cobro”, se precisa en el informe.

Finalmente, se le indicó al ente territorial los hallazgos para que se dé inicio al plan de mejoramiento.