Alcalde de Roncesvalles y concejal controvierten sobre acuerdo ambiental

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
El Concejo votará hoy si ‘tumba’ o no la objeción del Ejecutivo. De ser negada, el acuerdo pasará al Tribunal Administrativo, para que sea esta instancia la que tome la decisión final.

A través de acuerdos municipales se busca defender el patrimonio ecológico y cultural, a la vez, las autoridades locales pretenden sentar su voz en contra de intervenciones extractivas que pongan en riesgo los recursos naturales.

En Roncesvalles, por ejemplo, se conocerá hoy en sesiones extras si el Concejo acepta o no las objeciones que hizo el alcalde Juan Manuel García al acuerdo aprobado el 27 de febrero.

El presidente de la Mesa Directiva de la Corporación, Hilmer Romero, explicó que desde el martes hasta hoy se trabajó en el análisis de la objeción a través de una comisión integrada por tres cabildantes.

“Él dice que nosotros (concejo) nos extralimitamos con la constitucionalidad y legalidad, pero no veo ahí que nos hayamos salido de la ley. Llevábamos más de un año estudiando ese proyecto”.

El acuerdo en discusión es el 07 de 2017, “por el cual se establecen unas prohibiciones en defensa del patrimonio ecológico y cultural de Roncesvalles y se adoptan otras determinaciones”, en el artículo primero se prohíbe “la construcción de centrales hidroeléctricas y represas indistintamente de la técnica usada para ellas”, debido a que el suelo se debe conservar y darle uso agrícola y demás actividades que garanticen el “agua, un ambiente sano, la seguridad alimentaria y la vida digna de los habitantes”.

En el segundo artículo se prohíbe la realización de “actividades de exploración, explotación y extracción minera a pequeña, mediana y gran escala, en cualquiera de sus modalidades, exceptuando minería de subsistencia (...)”

Y en le tercer se impide la exploración de hidrocarburos convencionales y no convencionales en ‘Ronces’.

 

“La ley nos cobija”

El concejal Romero precisó que el acuerdo se sustenta en el numeral 9 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia que establece que a los concejos les corresponde “dictar normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”.

Es decir, “que nosotros los concejales estamos facultados para defender nuestro territorio”, reiteró el cabildante.

Y añadió que también se apoyaron en las leyes: 388 de 1997 conocida como la Ley de desarrollo territorial, 507 de 1997 y 902 de 2004, “nos cobija en que sí estamos facultados para defender el patrimonio ecológico”.

 

Hay que hacer un “debate jurídico y no del

corazón”: Alcalde

Por su parte, el mandatario Juan Manuel García indicó que comparte el alcance del proyecto y que no es cierto que como militante del partido Alianza Verde no trabaje por el cuidado de los recursos naturales, “eso es falso, si alguna administración se ha caracterizado por la defensa del medio ambiente hemos sido nosotros.

“Incluso, en este momento tenemos una batalla jurídica en el Tribunal Administrativo del Tolima contra la empresa Epsa, porque consideramos que no le está tributando a Roncesvalles como debería ser”.

En cuanto al acuerdo, García reiteró que se está planteando más allá de sus facultades y se está cayendo en una extralimitación de funciones, “nosotros de sancionarlo, podríamos estar avalando ese eventual error, le hemos pedido al Concejo que sea un debate jurídico y no del corazón.

“Ambos queremos lo mismo, pero por desgracia es un tema legal”.

Sin embargo, precisó que en extras radicó ante el Concejo el proyecto de actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial, E.O.T.

Es una propuesta que “venimos manejando desde 2017 y en sus primeros artículos está la prohibición de la explotación del suelo de Roncesvalles en temas de megaminería, explotación petrolífera, hidroeléctricas, lo estamos amarrando a través del E.O.T. y no en un acuerdo municipal”.

Añadió que estuvo bajo la revisión de Cortolima durante 14 meses, es decir, “en el componente ambiental la Corporación ya nos avaló la prohibición.

“Es muy diferente e innecesario que el Concejo se exponga a que la Procuraduría, eventualmente en el futuro, pueda tomar una acción disciplinaria en su contra”.

En el documento presentado se expone en el capítulo I de las normas que regulan el suelo rural lo relacionado con actividades agrícolas intensivas, allí el uso principal es la agricultura mecanizada, cultivos transitorios y ganadería intensiva.

Uso compatible vivienda del propietario, construcción de establecimientos institucionales de tipo rural, avicultura, acuicultura, agroturismo, entre otros.

Usos prohibidos minería a cielo abierto, usos urbanos y suburbanos, industria de transformación y manufactura, loteo con fines de construcción de vivienda.

La misma restricción está en las áreas agrícolas semi-intensivas y en las de actividades agrosilvopastoriles.

Credito
XIMENA VILLALBA C.

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