A tres años de haberse iniciado la construcción del conjunto residencial Alfonso Reyes Echandía en Chaparral, la obra que no supera el 55 por ciento de ejecución sigue inconclusa, aunque el mandatario Seccional Óscar Barreto anunció en febrero de este año una adición presupuestal y el reinicio del proyecto en corto tiempo, hoy la realidad muestra una estructura incompleta que guarda en su interior materiales.

Esta es una situación que afecta directamente a 48 familias víctimas del conflicto, las cuales han esperado por años alcanzar la dicha de tener un techo propio, no obstante, con el paso de los días el sueño parece estar más distante, pues siempre aparece un nuevo trámite.

La última razón que recibieron algunos de los beneficiarios es que ahora se deben actualizar los contratos, esto significa que deben ubicar a los más de 40 propietarios para notificarlos personalmente de los cambios que surgieron tras la adición de los mil 230 millones de pesos que hizo el Gobierno departamental, el inconveniente es que varios de ellos ya no viven en Chaparral.

Ante la novedad, las familias ya empezaron a caer en la desesperación y la incredulidad sobre el proyecto, pues cada vez, ven más lejos la fecha del reinicio de las obras.

Algunos de los representantes de las familias ante la Administración seccional, indicaron que ya no es fácil hablar con los dueños de los apartamentos pues la respuesta que reciben es que la información que les entregan solo son mentiras.

En qué consiste la obra

El proyecto de vivienda está conformado por seis torres de ocho apartamentos, en 2015 tuvo un aporte inicial de mil 430 millones de pesos, con el paso de los meses se requirieron obras adicionales que dieron un vuelco a dicho valor.

Sobre el tema, habló la secretaria de Infraestructura del Tolima, Diana Cifuentes, quien explicó que ya se cuenta con la resolución para adjudicar el dinero faltante y con la licencia de construcción renovada.

“Entre los trámites legales y jurídicos es necesario que los contratos, que a hoy están vencidos y que son entre el beneficiario y el constructor, sean prorrogados y estén vigentes”.

La funcionaria precisó que la Gobernación va a girar mil 230 millones de pesos a una fiducia, pero el constructor solo puede acceder al recurso cuando tenga los 48 contratos actualizados.

“Es un tema en el que los beneficiarios deben ayudarnos”, este es un trámite que debe adelantar el encargado de la obra.

Cifuentes, agregó que los beneficiarios para renovar la información deben buscar al contratista o a los líderes de la comunidad que está vinculada al proyecto.

Seguimiento de la Contraloría

 Ante los retrasos y las denuncias que recaen sobre la construcción, la Contraloría Departamental adelantó en 2018 una auditoría exprés, en ella, se expone que el proyecto fue suspendido porque una vez se dio inicio a su ejecución se evidenció un desequilibrio económico y se generaron daños a una vivienda vecina.

Asimismo, que aunque físicamente se apreciaba un avance del 55 por ciento, según la forma de pago acordada, ya se “ha girado a la cuenta del constructor el 80% del valor inicialmente presupuestado”.