Procuraduría General citó a juicio disciplinario a la Alcaldesa de Rioblanco

SUMINISTRADA - EL NUEVO DÍA
La Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario a la alcaldesa de Rioblanco, Delcy Isaza; a la secretaria General y de Gobierno, Miriam Barbosa; y al Inspector de Policía Héctor Rodríguez, por una supuesta omisión en sus deberes de proteger y recuperar el espacio público.

“La Procuraduría Provincial de Chaparral cuestionó a los funcionarios por posiblemente permitir una construcción sobre vía pública, a pesar de la advertencia que el ente de control hizo acerca de que la obra no contaba con licencia”, expuso la entidad en un comunicado.

El mismo agrega: “El Ministerio Público reprochó a Isaza, en su condición de alcaldesa, y a Barbosa Vargas, en calidad de Secretaria General y de Gobierno Rioblanco, presuntamente, haber omitido sus funciones de vigilancia, control y seguimiento en el actuar de sus subalternos delegados para el control del espacio público, quienes debían impedir la vulneración de una vía pública”.

Es de resaltar que la Procuraduría ponderó esta como una falta grave cometida a título de culpa grave.

Con respecto a este caso, la mandataria explicó que la queja se instauró el año pasado y señala una invasión al espacio público refiriéndose a “una cubierta que se colocó al finalizar la calle que conduce de la casa del señor Milton hacia el antiguo cementerio y seguidamente hacia donde se construyó un muro que hoy protege el CDI” en el barrio Bello Horizonte.

Según Isaza, el ciudadano llevó la denuncia ante la Inspección porque la cubierta elevada estaría obstaculizando el espacio público, “el inspector con la secretaría de Planeación van y verifican el lugar, la cubierta fue instalada en una calle ciega, porque a partir de allí no hay tránsito peatonal ni vehicular”, explicó.

Una vez se verificó la zona y se constató que no se estaba obstaculizando el paso o generando riesgos el Municipio dio su concepto, el cual no fue aceptado por el quejoso, por ello, se dirigió a la Procuraduría. Ahora los funcionarios tienen 10 días para explicar sus argumentos ante el Ministerio Público.

Credito
EL NUEVO DÍA

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