Entre advertencias al nuevo gerente encargado del hospital Federico Lleras Acosta y la exposición de un balance financiero positivo, el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, levantó la medida de intervención forzosa que tenía la entidad desde hace cuatro años y 11 meses.

Asimismo, precisó que el centro hospitalario, que queda desde ahora bajo la responsabilidad del Gobierno departamental, estará por un año en una medida de vigilancia especial.

Durante este tiempo se evaluará de cerca su funcionamiento y manejo. “No los voy a abandonar, hice un compromiso y vamos a mantener una vigilancia especial”, dijo Aristizábal Ángel.

Dicho seguimiento se hará a través de una contralora de la Supersalud, que tendrá la labor de hacer auditorías mensuales.

Soldado advertido…

Aunque el mandatario seccional Óscar Barreto Quiroga no asistió al acto de entrega, por temas de agenda, a primeras horas del viernes designó a Luis Eduardo González como gerente encargado del Federico Lleras Acosta, funcionario que venía desempeñándose como director de Seguridad Social.

Por ello, el Superintendente en su intervención le dijo de manera directa a González que hoy el hospital está estable y que el reto es trabajar arduamente para mantenerlo en pie.

“Le tengo una mala noticia, usted (gerente) no se puede equivocar, no tiene ningún derecho, porque le están mostrando que el camino está abonado, de aquí para adelante”, expresó Aristizábal Ángel.

Además, añadió que no dudaría en volver a tomar una medida forzosa si es necesario “si lo tengo que intervenir pasado mañana vengo y lo intervengo, y si me toca destituirlo a usted y ponerle una sanción por 15 años se la pongo y si me toca meterle una sanción de $2 o $3 mil millones también se la voy a poner”, advirtió.

Entre las intranquilidades expresadas por la ciudadanía y los sindicatos, está que la devolución del hospital se hizo en plena época electoral, sobre este tema Aristizábal Ángel comentó que a González solo se le permite hacer políticas de riesgos, en contratación y recuperación de efectivo, “no se me vaya a meter en política porque en eso voy a ser implacable”.

Hospital ‘dado de alta’

De otra parte, la agente especial interventora, Inés Loaiza Guerra, explicó que entrega la entidad que en 2014 estaba a punto de ser liquidada.

Señaló que la facturación mensual pasó de $7 mil 500 millones a $11 mil 417 millones y el recaudo de $8 mil 76 millones a $9 mil 910 millones, crecimiento que se logró en los dos últimos años.

En el tema de pasivos a diciembre de 2014 se tenía una cuenta de $86 mil 842 millones, “se pagó el 94% y lo que no, era porque no tenía las condiciones legales para hacerlo”, precisó Loaiza Guerra.

Añadió que a junio de 2019, el pasivo total es de $43 mil millones, cifra que incluye pagos que ya están pactados con proveedores y médicos, la nómina, previsiones, cesantías, primas, vacaciones, entre otras obligaciones.

“Podemos decir con satisfacción, que el hospital está al día con todos los pasivos exigibles”, así como con los empleados.

La cartera alcanza un valor de $142 mil millones, “lo importante es que está conciliada y en donde no lo está, tenemos claro dónde están los problemas y cuál es la solución”.

Igualmente, contó que se ingresó a cobro coactivo $77 mil 452 millones, de esta cifra se logró recaudar $29 mil 691 millones.

Por su parte, el Supersalud dijo que en este tema hay dos caminos, el primero, seguir con la depuración de las EPS y el segundo lograr conciliaciones.

“Probablemente, mucha de esa plata que está en la cartera de los hospitales públicos y privados se va a perder, porque esas EPS no tienen el patrimonio, ni constituyeron reservas”.

Riesgos jurídicos

La acción jurídica en contra más cercana sería una que supera los $5 mil millones y que corresponde a un proceso con un proveedor, la cual no se pudo cancelar porque no había presupuesto ni una sentencia judicial.

En 2014 se contaban 337 procesos que sumaban alrededor de $102 mil millones, a 2019 se contabilizan 267 que ascienden a unas pretensiones de $123 mil millones, “pero un valor ajustado a la jurisprudencia (llegaría) a los $73 mil 774 millones”, dijo la agente especial interventora.

En cuanto a las proyecciones de procesos que pueden salir en contra durante esta vigencia, se traza en 58 procesos que alcanzan los $9 mil 795 millones.

“No quiere decir que se levanta la intervención, y mañana todos los jueces fallaron en contra del hospital los 58 casos y vamos a tener pérdidas”, agregó la funcionaria.

Sobre este tema, Aristizábal Ángel, comentó que el riesgo no desaparece porque intervenga la Superintendencia, “y no puedo mantener un hospital eternamente intervenido cuando corrigió las causales, hoy el hospital está salvado, hay una fuerte defensa jurídica que se debe mantener”, concluyó.

“Una representación política”: Jaramillo

Por su parte, el alcalde de Ibagué, Guillermo A. Jaramillo, le expresó al Superintendente que es de los que están en desacuerdo en que se termine la intervención, asimismo, que lamentaba la partida de la agente interventora quien se dedicó al hospital y no se dejó “manipular”, pues “desafortunadamente por más que uno quiera el señor (Gerente González) es un representante político, nosotros (los mandatarios) nombramos gente que muchas veces tienen una representación política y ahí es donde comienzan los problemas”, dijo el mandatario.

Igualmente, dijo que le preocupaba que en la capital tolimense cada vez se quede con menos servicios ante los cierres de diferentes entidades, a lo que se suma el no pago oportuno por parte de las EPS.

Acompañamiento es indispensable

Por parte del Gobierno departamental, la delegada fue la secretaria de Planeación, Olga Lucía Alfonso, quien manifestó que tras el recibo de la entidad, se procederá a verificar y comprobar detalladamente la información entregada en el empalme. Asimismo, señaló que es indispensable un acompañamiento para el recaudo de cartera y así garantizar que las EPS cumplan con los acuerdos. “Si el recaudo (sigue) por cerca de $9 mil millones, seguramente mantendremos esa estabilidad que ustedes (Superintendencia) nos han presentado”.

Alfonso mencionó que los dos primeros años de intervención no dieron ningún resultado, es decir, cuando estuvo Julio Bernal. De otro lado, el mandatario seccional, Óscar Barreto, anunció que se pronunciará sobre el recibimiento de la entidad el próximo lunes.

Cifra

$32 mil millones fue el superávit que tuvo el ‘Fedelleras’ en 2018.