Una denuncia ciudadana sobre el distrito de riego Triángulo del Tolima generó que la Contraloría General de la República, CGR, adelantara una auditoría que dejó como resultado 19 hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria, cinco con posible incidencia penal y cuatro con un presunto efecto fiscal que supera los $19 mil millones.

Pero, como si esto fuera poco, el ente de control cuestionó fuertemente a las autoridades ambientales el hecho de que al día de hoy la prensa Zanja Honda, parte fundamental del proyecto, no cuenta con licencia ambiental, a pesar de que se abastece de ríos como el Saldaña y Chenche y surte los canales existentes.

Según el informe, la CGR hizo una auditoría en 2018 del cumplimiento del Licenciamiento Ambiental del Distrito por parte de Cortolima y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, el resultado es una no conformidad en temas como planes de manejo ambiental, control y seguimiento, implementación de medidas de manejo ambiental para el llenado del embalse Zanja Honda, impactos ambientales y el no cobro oportuno de la Tasa de Uso del Agua.

Los hallazgos involucran a Cortolima, el Anla, la ADR, Fonade y la Alcaldía de Coyaima.

Operando y sin licencia ambiental

En 1995 Cortolima otorgó al entonces Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, Inat, la licencia para la rehabilitación, ampliación y complementación de los sistemas de riego, desagüe y control de inundaciones del distrito de riego de Saldaña.

Un año después, el Instituto tramitó un nuevo permiso ante la Corporación para la construcción de la presa Zanja Honda, estructura que contaría con una doble función “como elemento regulador de inundaciones y obra fundamental del Proyecto Triángulo del Tolima”.

En ese entonces Cortolima, respondió que la competencia en lo relacionado con el Distrito era del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Mavdt.

Tras la respuesta, el Inat se dirigió al Ministerio para solicitar una licencia para “la construcción de la presa como obra prioritaria para la finalización del proceso de rehabilitación del distrito de Saldaña”, expone el informe. Petición que fue devuelta a Cortolima.

Finalmente, en 1997 a través de la resolución 1043 del 12 de junio, la Corporación amplió los alcances de la licencia ambiental entregada en 1995 a favor de la Inat y dio “viabilidad ambiental para la construcción de la presa Zanja Honda, como obra complementaria de la anterior en la rehabilitación del distrito de riego del río Saldaña en la confluencia con los afluentes Chenche y la quebrada Zanja Honda”, se explica en el documento.

Una vez se tuvieron los permisos, se inició la construcción de la presa la cual tuvo una inversión de $17 mil 323 millones, las obras fueron entregadas el 5 de diciembre del año 2000.

Teniendo en cuenta las condiciones en que se dio el proceso, para la Contraloría “la presa de Zanja Honda no está licenciada ambientalmente como elemento del distrito de riego Triángulo del Tolima, no obstante, (es) parte fundamental de este proyecto, lo que conlleva a que existen impactos ambientales negativos que no poseen un plan de manejo ambiental pertinente”.

Es decir, no se cuenta con un instrumento que controle los impactos derivados de su operación.

Ante esta realidad, según el ente de control, la Anla, quien asumió las funciones del Ministerio de Ambiente “se abstiene de realizar seguimiento y control de este embalse, bajo el argumento de que Cortolima es la autoridad ambiental competente”.

Es decir, para la Autoridad Nacional, la licencia del Distrito no incluye el embalse Zanja Honda, a pesar de que en 2006 Minambiente otorgó un permiso ambiental al entonces Incoder “para la adecuación y operación del distrito de Riego Triángulo del Tolima”.

Esto significaría que dicho ente hoy Agencia de Desarrollo Rural, ADR, debía hacer un seguimiento y control a las obras del ‘Triángulo del Tolima’ incluyendo el embalse.

“Lo anterior ha generado un conjunto de impactos ambientales a los cuales ni Anla, ni Cortolima han prestado atención, omitiendo su función misional de control y seguimiento sobre los proyectos de su competencia”, precisó la Contraloría.

Condiciones pocas seguras

La visita de la CGR dejó otro resultado negativo y es que en las instalaciones y la obra del dique de Prensa Zanja Honda, se pueden evidenciar las condiciones poco seguras para la vida útil de la estructura “es deficiente la impermeabilización sobre la cara húmeda de la presa, se observan filtraciones, lixiviados por medio de las fisuras de la presa, las situaciones no están contempladas en algún plan de contingencias ante eventualidades que ponen en riesgo las poblaciones y el medio ambiente”, se describe en el documento.

Sin compensación

Otra de las ‘perlas’ en esta historia es que por ley los proyectos de construcción de distrito de riego deben destinar un porcentaje no inferior al tres por ciento del valor de la obra para la adquisición de áreas estratégicas, que permitan la conservación de los recursos hídricos.

Para el caso de Zanja Honda, el valor de la inversión fue de $17 mil 323 millones, por lo que se tenía que destinar mínimo $519 mil 693 millones para conservación, esto teniendo en cuenta que a la final la presa entró a ser parte del distrito de riego, es decir, que cumplía el requisito.

No obstante, a la fecha no se ha adquirido ninguna área estratégica para la conservación de la cuenca del río Chenche, situación que es vista por la Contraloría como “un detrimento patrimonial al Estado por este valor”.

En este caso las autoridades ambientales tampoco adelantaron alguna acción para que se cumpliera con la compensación, “las autoridades ambientales con competencia han omitido el principio de valoración económica de costos ambientales”.

No pasó la prueba

De otra parte, para la CGR la Anla le faltó eficacia y eficiencia en su función sancionatoria, pues aunque ha hecho seguimiento al proyecto y detectó incumplimientos en compromisos ambientales, a la final no tomó decisiones de fondo que permitieran prevenir diferentes hechos.

Llenado sin autorización

Además de ello, en el informe se expone que en 2015 la presa fue llenada con agua del río Saldaña sin que el procedimiento estuviera incluido en alguna de las resoluciones expedidas por Cortolima cuando entregó las licencias, pues se suponía que la estructura iba a tener un uso de controlador de caudales del río Chenche.

Es decir, “no requería para esta finalidad que se le inyectara más caudal al agua”.

Una vez el líquido almacenado empezó a circular por los canales, Zanja Honda comenzó a “cumplir una función diferente a la licenciada, constituyéndose en una presa de almacenamiento del Distrito de Riego Triángulo del Tolima”.

A pesar del tiempo, las evidenciadas “en las visitas realizadas por Cortolima, se observa que en el expediente no se ha presentado requerimiento alguno al titular, omitiendo sus deberes y facultades de seguimiento y sanción ambiental”.

Pero además de ello, en el proceso en el cual estuvo vinculado la Alcaldía de Coyaima, no se tuvo en cuenta un estudio que costó $80 millones para el “aprovechamiento forestal, extracción de material vegetal de los afluentes de los ríos y quebradas que forman parte de las 95 hectáreas del embalse Zanja Honda”.

El hecho generó una “afectación al patrimonio natural de la región (…) lo anterior dado de la descomposición del material vegetal inundado, el cual en su proceso agota el oxígeno disuelto del agua, impactando directamente la fauna del embalse”.

Esta situación es vista como un “incumplimiento de Cortolima de sus funciones misionales en la protección de los recursos naturales”.

¿Compra irregular de mejoras?

Otro de los datos que llamó la atención del ente de control, es que al parecer bajo la premisa de cumplir con la obligación de adquisición de áreas de importancia estratégica se habría pagado de “forma irregular, antieconómica e ineficaz por mejoras en tres predios baldíos la suma de $2 mil 068 millones”, los cuales estaban ubicados en Chaparral y Rioblanco.

La posible irregularidad se habría dado porque los predios, según registro de instrumentos públicos, son bienes baldíos que pertenecen a la Nación, “por ende no existe transferencia de los mismos al Incoder”.

Cortolima participó en el proceso seleccionando los predios, adelantando el estudio de títulos y en la decisión de hacer los pagos por mejoras.
 

¿Y el cobro del TUA?

En la licencia ambiental entregada en 2006 por el Ministerio de Ambiente al Inat para la construcción del Distrito de Riego, se incluyó en el artículo sexto que el Incoder hoy Agencia de Desarrollo Rural, ADR, debía cancelar a Cortolima “el valor correspondiente a las tasas retributivas, compensatorias por utilización de aguas por uso, afectación, aprovechamiento de recursos renovables”.

Sin embargo, 11 años después no había evidencia del cumplimiento de la obligación del cobro de la Tasa de Uso de Agua, TUA, solo hasta septiembre de 2018 Cortolima pasó una factura a la ADR por $16 mil 791 millones, dicho valor quedó catalogado como presunto hallazgo fiscal.

La cuentas se hicieron desde el tercer trimestre de 2007 hasta el segundo de 2018, lo que dejó una deuda a capital de $7 mil 180 millones y de intereses de $9 mil 305 millones.

Luego en enero de este año se reliquidó la obligación, aumentando la deuda a un total de $17 mil 500 millones.

Se supone que dichos recursos tenían como destinación específica “el pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, en relación con los proyectos y programas aprobados en el marco del plan de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas asociadas al río Saldaña”.

El hecho generó a Cortolima una presunta incidencia fiscal y disciplinaria, para Incoder actual ADR un hallazgo posiblemente fiscal y disciplinario y para la Anla una presunta incidencia disciplinaria.

Dato

La construcción de la presa Zanja Honda tuvo un valor en el año 2000 de $17 mil 323 millones.