Las mayorías en el concejo de Honda le solicitaron a la Contraloría del Tolima investigar e intervenir de manera preventiva, en el proceso de venta que se adelanta de las acciones que tiene el Municipio en la Terminal de Transportes de Honda S.A., pues consideran que dicha enajenación puede terminar afectando el patrimonio público.

La petición al ente de control se hizo a través de una proposición aprobada por 11 cabildantes. En dicho documento se explica que la venta surgió de la Administración municipal en 2016 y que a pesar de que inicialmente generó desacuerdo, tras una modificación del Ejecutivo quedó incluida dentro del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 que fue aprobado en mayo.

Luego, el 15 de diciembre de ese mismo año, la Corporación estableció dentro del acuerdo en el que se adoptó el presupuesto de ingresos y de gastos para la vigencia fiscal de 2017, un artículo que especificaba que se “requiere de la autorización previa y específica del concejo para la celebración de (…) enajenación de activos, acciones y cuotas partes, concesiones y las demás que determine la ley”.

De esta forma, se buscó condicionar año a año la venta de 961 mil 946 acciones, que al día de hoy tendrían un valor superior a los $2 mil 300 millones.

Pero, finalizando 2018, el mandatario Juan Guillermo Beltrán, “empezó a hablar de la venta de las acciones, contrató una empresa para que hiciera el estudio que se requiere presentar en la Superintendencia de Sociedades”, comentó el concejal Oswaldo Martínez.

El cabildante agregó, que en las sesiones de noviembre de 2018, propuso que se incluyera un artículo que derogara el creado en el Plan de Desarrollo y así obligar al Alcalde a pasar el proyecto de la venta, “mi propuesta se hunde y el proyecto de autorizaciones lo aprueban tal cual”, añadió.

Sin embargo, Martínez siguió enviando oficios al mandatario, pero comenta que no logró nada. Y aunque sus similares buscan a través de los entes de control un freno, esto no podría darse, pues a la fecha no se ha materializado el negocio.

Solicitud a los entes de control

A pesar de las objeciones, Beltrán siguió adelantando el trámite y el 9 de abril de 2019 la Alcaldía expidió el decreto 050 mediante el cual se aprobó el “programa de enajenación de las acciones de propiedad del Municipio en la Terminal de Transportes de Honda S.A.”.

Después, el 27 de julio se inició el cronograma, con la publicación de la oferta.

Tras este hecho, el concejo en cabeza de su presidente Jesús Beltrán Berrío, en sesión del 13 de agosto, aprobó que se solicitara a la Procuraduría, la Contraloría, Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía intervenir, investigar y adelantar una función “preventiva para que sea suspendido el proceso y así garantizar la defensa y preservación del patrimonio público”.

Entre los argumentos expuestos está, que han solicitado al Alcalde en diversas sesiones no adelantar el proceso, porque según la normatividad consultada “en el trámite de aprobación de facultades para esta venta accionaria no se cumplieron los lineamientos que establece la Constitución Política”, esto teniendo en cuenta que faltó el concepto del Consejo Territorial de Planeación.

Asimismo, se recordó que entre 2017 y 2019 se determinó que el concejo debía emitir una autorización para celebrar el contrato, la cual no se ha hecho.

A esto se le suma que no entienden porqué el Alcalde esperó “la etapa final de su periodo de gobierno para iniciar el trámite de enajenación del capital accionario, lo que sin lugar a equívocos, originaría que los procesos administrativos y contractuales derivados de estas actuaciones, debieran ejecutarse más allá del 31 de diciembre de 2019”, pues los recursos serían destinados a mejoramiento de vivienda, es decir, en un proyecto que se extendería a 2020.

Alcalde respondió

 EL NUEVO DÍA, buscó al mandatario Juan Guillermo Beltrán, quien indicó de entrada que la propuesta de enajenación quedó aprobada en el Plan de Desarrollo.

También, comentó que en la última década Honda pasó de tener una participación accionaria del 65% al 20%, “el municipio nunca ha recibido un peso por haber perdido la mayoría accionaria”.

En cuanto a la venta, comentó que los recursos obtenidos solo podrán ser invertidos en subsidios de mejoramiento de vivienda y que beneficiaría a 500 familias de los estratos 1 y 2.

“El proceso ya fue aprobado por la Superintendencia de Sociedades, pero no se han vendido las acciones, ni se han recibido ofertas en el momento”.

Al preguntarle, por qué esperó hasta el último tramo de mandato, Beltrán respondió que en el mismo Plan de Desarrollo se estableció que no se podía adelantar la venta, hasta tanto se levantara la Ley 550 o de quiebras, hecho que ocurrió en 2018, “a uno lo eligen por cuatros años, no hasta que empiecen las elecciones”.

Agregó, que los cuestionamientos tienen un trasfondo político, pues a hoy nadie responde qué pasó con los recursos del 45% que se vendió, “hay sectores que no les gustan que les recuerden que regalaron las acciones de la Terminal”, concluyó.