La Personería de Ambalema instauró una acción jurídica solicitando tutelar el derecho fundamental a la dignidad humana de las 123 familias que fueron damnificadas de la ola invernal en 2009 y que pasada una década, siguen a la espera de ver terminado el proyecto Villa Eduardo.

A pesar de los argumentos del Ministerio Público que incluye incumplimientos, una exagerada tramitología y sobrecostos, el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del distrito Judicial de Ibagué, decidió no acceder a las pretensiones, pues considera que la tutela en este caso no es procedente por inmediatez y subsidiariedad.

El despacho explica que una de las pretensiones era pedir al Ministerio de Vivienda mantener los subsidios entregados en 2011 y no liquidarlos como propuso a través de dos circulares expedida en febrero de este año.

En este punto, el Juzgado consideró que se estaba haciendo una petición sobre un documento expedido hace ocho años por lo que perdió inmediatez.

A lo que se le suma que el Ministerio amplió el plazo para legalizar los subsidios, primero hasta el 30 de junio y luego hasta el 31 de diciembre de este año.

Y por el lado de la no subsidiariedad, se debería porque se discute sobre actos administrativos, en ello, la vía es la jurisdicción contencioso administrativa para “atacar la legalidad” de los documentos, “proceso que le permitiría ampliamente demostrar porque dichas circulares van en contra de la normatividad existente y perjudican en forma injustificada, a las familias que conforman dicho proyecto”.

Ante la decisión de no tutelar el derecho fundamental a la dignidad humana, ni favorecer las solicitudes, la personera (e) Jessica Alejandra Pérez Murillo procedió a impugnar la decisión.

¿Qué dice Minvivienda?

EL NUEVO DÍA indagó con el Ministerio de Vivienda para conocer qué información tiene sobre el proyecto Villa Eduardo, pues en la actualidad se sigue contando con 30 casas terminadas sin escriturar, 31 a medio hacer y 62 lotes vacíos.

En respuesta escrita se explica que el Gobierno nacional suscribió en 2011 un contrato de fiducia mercantil con la Fiduciaria Bogotá con el fin de que administrara los recursos de todos los proyectos destinados a la atención de hogares damnificados.

Para el caso de Ambalema, el conjunto habitacional Villa Eduardo “fue presentado por la Unión Temporal Villa Eduardo, conformado por el Municipio y la empresa Imal INC Ltda (…) con un costo de $2 mil 583 millones.

“A la fecha se ha realizado el desembolso del 30% de los recursos para 123 cupos y un segundo del 50% de los dineros de 96 cupos, equivalente a mil 546 millones 164 mil pesos”.

En el oficio se agrega que Minvivienda a través de Fonvivienda, por recomendación de la supervisora “decretó el incumplimiento del proyecto a través de la resolución 0705 del 19 de junio de 2019 y notificó al oferente, a la Gerencia Integral y a la Fiduciaria de la decisión, por cuanto el oferente no había terminado, certificado y legalizado las viviendas que conforman el proyecto”.

Asimismo, comenta que se han hecho mesas de trabajo con el Municipio, Imal INC Ltda y la Fiduciaria Bogotá, sin que se hubiera llegado a un acuerdo.

Ante el hecho, el Ministerio anunció que hará el cobro de la “indemnización a la compañía Aseguradora Confianza garante del proyecto, y se restituirán los recursos a la dirección del Tesoro Nacional”.

“Un mar de errores”

El alcalde de Ambalema, Juan Carlos Chavarro, explicó que ante la declaratoria que hizo el Ministerio de caducidad, se procedió a establecer un recurso de reposición en contra de la resolución 705 del 19 de junio de 2019, donde se declara un incumplimiento al proyecto Villa Eduardo.

“El cual no ha sido respondido y ya está fuera de términos, por lo que creemos que la respuesta fue favorable. Nuestro interés es dejar vivo el proyecto a diciembre 31”.

El mandatario añadió que por medio de la resolución 0426 Minvivienda prorrogó los subsidios hasta el 31 de diciembre, “en vista que no le pueden quitar los recursos a las personas beneficiarias, solamente ellos son lo que pueden renunciar a los subsidios, porque no ha sido su culpa la no construcción de la vivienda”.

En cuanto a responsabilidades del considerable atraso en la construcción comentó que recaen en el “Ministerio, Fonvivienda, Fidubogotá que maneja los recursos, Fonade que es la interventora del proyecto y lógicamente la constructora y el Municipio como encargados de la obra, eso ha sido un mar de errores de todas las entidades”.

Chavarro mencionó que el otro inconveniente que surgió, es que las 30 casas construidas y entregadas en 2016 no están escrituradas porque Fidubogotá no ha desenglobado el lote, la salida en este punto es que el Municipio, quien aportó el terreno, le firme un poder para que adelante el proceso, “nos tardamos tres años, en una cosa tan sencilla como es la escrituración de una vivienda”.

En cuanto a las 31 que están en proceso de construcción “aspiramos en octubre entregarlas, pero (el constructor) no tiene claro si le van a desembolsar o no porque no han podido escriturar.

“El constructor alega que hasta que no le desembolsen el resto de los recursos no termina las otras 62 que hacen falta”, comentó el mandatario.

Al hacer las cuentas, los mil 546 millones 146 mil pesos cubre el costo de 68 casas, por lo que según Chavarro, pudo hacer un compromiso del constructor para cumplir con esta cifra en este año.

Añadió, que indiscutiblemente está en riesgo el subsidio de 62 familias, por lo que uno de las primeros retos del nuevo alcalde es lograr que Minvivienda vuelva a extender el plazo.

“El problema del Gobierno nacional, es que quiere recoger todo lo que encuentre en bancos porque están sin plata. No le ha preocupado el tema de resolver los problemas de vivienda que venían de otra administración, sino simplemente acabarlos de tajo y recoger los recursos para hacer sus nuevos programas y proyectos”.

Mientras todo esto sucede, unas familias pasan sus días mirando las estructuras sin terminar y otras enfocan su preocupación en un lote que a hoy no se sabe con certeza si se va a construir o no.

Dato

En el país serían 11 proyectos de vivienda para beneficiar a los damnificados de invierno que están enredados debido a la tramitología y los frenos de la Fiduciaria.