En Frías las Fuerzas Militares pidieron disculpas por la masacre de 2001

HÉLMER PARRA - EL NUEVO DÍA
El acto se derivó de una decisión del Consejo de Estado que declaró que hubo omisión del Estado hace 18 años cuando las AUC asesinaron en el corregimiento a varios campesinos que no tuvieron oportunidad de defenderse.

El toque de silencio en trompeta durante 60 segundos removió el dolor que sigue refugiado en el corazón y alma de las familias que perdieron a sus seres queridos en la masacre del corregimiento de Frías en Falan el 15 de septiembre de 2001.

El acto público de disculpas ordenado por el Consejo de Estado, se convirtió en una máquina del tiempo que trajo a la memoria de los habitantes, el horror que se vivió ese sábado a las 9 de la noche, mientras en el resto del país se celebraba el Día del Amor y la Amistad.

“Eran las 9:10 más o menos, tengo una niña entonces le dije acostémonos, cuando se formó la plomacera; como a la hora escuché que lloraban (…) salí a ver que pesaba y aquí en esta misma casa (donde hoy funciona una tienda), al fondo había una niña de 15 años y un muchacho de 17, abrazaditos en el rincón del baño, muertos”, narró con tristeza Elsa Gloria Galviz Buitrago, residente de Frías.

La misma pequeña plaza que se alistaba para el acto con un tapete rojo para los altos mandos de la Policía y el Ejército, y de sillas rimax para los falanenses fue el escenario, hace 18 años, de uno de los capítulos más trágicos para esta población ubicada a aproximadamente tres horas de Ibagué.

Por ello, mientras se adelantaban los últimos detalles para la ceremonia, algunos pensaban que a fin de cuentas solo se estaba cumpliendo un requisito, pero en el fondo, el Estado nunca logrará recuperar la vida, la alegría e inocencia que les arrebató un grupo de paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, frente Omar Isaza.

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Reconocimiento de responsabilidad

El Consejo de Estado en fallo del 3 de diciembre de 2014, responsabilizó de la masacre por acción y por omisión a las Fuerzas Armadas, por lo que ordenó en cabeza del Ministro de Defensa, del comandante de las Fuerzas Militares de la Policía y el comandante del Batallón N° 16 Patriotas, en persona, adelantar un acto público de reconocimiento de responsabilidad por lo sucedido ese 15 de septiembre.

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Sin embargo, asistieron como delegados el My. Óscar Eduardo López Jiménez, comandante (e) del Batallón Patriotas; el My. Juan Camilo Álvarez García, jefe de Área Defensa Judicial Secretaría General; el MG. William René Salamanca Ramírez, Inspector General de la Policía Nacional; el Cnel. William Castaño Ramos, comandante (e) del Departamento de la Policía del Tolima.

Y por parte del municipio el alcalde Forney Munevar Monsalve, Eduardo Aros Velosa, representante de las víctimas y el presbítero Luis Alfonso Padilla López, capellán del corregimiento de Frías.

En su intervención el MG. Salamanca Ramírez dijo que asistió al acto “no solo en cumplimiento de un acto judicial, sino, ante todo como un deber moral y ético para ofrecer a ustedes las familias (...) nuestras más sinceras y sentidas disculpas en nombre de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía, por los perjuicios que han tenido que enfrentar con ocasión del deceso de sus familiares en los desafortunados hechos ocurridos hace 18 años”.

 

‘Más que disculpas, Frías merece que le pidan perdón’

En medio de la ceremonia, el sacerdote Jesús Daniel Bejarano Martín, quien era el párroco de Frías en 2001, expuso que tuvo que vivir la transición de la guerrilla y los paramilitares.

E indicó que esta parte del Tolima merece más que unas disculpas, un perdón, “porque el perdón reconcilia, las disculpas distancian (...) triste historia, hoy la recordamos, de ahí en adelante Frías empezó a ser un pueblo fantasma (...) lástima que la sentencia fue solamente para las disculpas”.

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Una vez se finalizó la ceremonia, algunos de los familiares comentaron que no fueron invitados formalmente al acto, sino a través de un mensaje virtual, otros se enteraron por una llamada de amigos.

Otra inconformidad es que no les pidieron la opinión para la construcción del mensaje de la placa a lo que se le suma que tampoco les consultaron el lugar en donde iba a quedar ubicado, es decir, a un costado de la plaza central.

En cuanto al fallo, el abogado Rubén Darío Gómez Gallo, explicó que quedó un compromiso muy preciso que es el de no repetición “porque la masacre se produjo porque en ese entonces hubo connivencia de ciertas autoridades con los paramilitares y hubo omisiones como haber dejado sin vigilancia policial”.

Asimismo, comentó que al ser un lecho de lesa humanidad se dio oportunidad para formular en 2014 una acción de grupo que está en curso , “sobre esa acción todavía no se ha pronunciado la justicia, para indemnizar a todos los otros familiares, eso está pendiente, la justicia es muy lenta”.

Sin embargo, se espera que el Tribunal Administrativo del Tolima, siga la línea jurisprudencial del Consejo de Estado.

 

Un regalo de la vida

En medio de la gente resaltaba una niña rubia vestida de azul, que corría sin entender lo que pasaba a su alrededor, Sandra Paola Rodríguez Castillo la mira con ternura y expresa que es la misma ‘pinta’ del abuelo Pedro Argilio Urrego Velázquez, un campesino víctima de la masacre.

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Contó que en la época de los hechos ella tenía 17 años y Pedro 19, en ese entonces hacían planes de buscar un nuevo rumbo pues en camino venía su hija Esmeralda Rodríguez Castillo.

Ese fatídico día, el joven se quedó jugando billar y Sandra se fue para su casa. Horas después “todo el mundo gritaba y lloraba, tiraban balas para un lado y para el otro. Cuando vi todo en eso quedé en shock y casi pierdo a la niña, fue muy duro para mí, me tocó sacarla adelante sola, pero ahí vamos”.

La tragedia no paró allí, pues desde ese 15 de septiembre las AUC se apoderaron de Frías y se convirtieron en autoridad durante los dos años siguientes. Sandra también integra la asociación Asovifrías y al consultarle sobre el acto de disculpas comentó que aunque lo acepta, al igual que el resto de habitantes, considera que el Estado los tiene abandonados. “En procesos de indemnización ha sido muy difícil, no nos tienen en cuenta, hemos estado olvidados tanto el pueblo como las víctimas”. Agregó, que tan solo la reparación económica ha llegado a una familia cuando en total fueron 15 campesinos asesinados, en una masacre que fue reconocido por el Consejo de Estado como un acto lesa humanidad.

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Credito
XIMENA VILLALBA C.

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