Para los 23 adultos y 44 niños y niñas de la comunidad indígena embera que regresan a su territorio ancestral en el municipio de Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda, atrás quedarán los cuatros años de mendicidad en las calles de Ibagué (Tolima). Son en total 12 familias, de las cuales 10 llegaron a la capital tolimense huyendo del conflicto armado.

El proceso para el retorno de esta población embera, fue apoyado por la Unidad para las Víctimas, en coordinación con las Alcaldías de Ibagué, Pueblo Rico y las autoridades indígenas. La Unidad, además de brindar el acompañamiento, entregó un aporte económico a cada familia víctima de $1.240.000, además de garantizarles el transporte desde el casco urbano de Pueblo Rico hasta sus resguardos.

“Este es un retorno especial, van a regresar a su origen y poder desarrollar sus habilidades que a bien tienen y bien conocen dentro de su propio territorio y dejar atrás su condición de desplazados” , subrayó María José Dangond David, directora de la territorial Central de la Unidad para las Víctimas.

Visiblemente emocionado por regresar a su tierra natal, José Guatiqui Onogama, líder de la comunidad embera chamí, y quien viajó con su esposa y cinco hijos, reconoció la labor de la Unidad “el agradecimiento a la Unidad, por hacer las vueltas para el traslado hacia Risaralda” ; así mismo Medardo Mamundia, otro de los retornados, se mostró complacido con el volver a su resguardo “Ya contentos de regresar a nuestros resguardos y volver a ver a nuestras familias" dijo el vocero de este grupo de personas.

La partida desde la capital del Tolima, de este grupo de familias del pueblo embera, se logra tras varios meses de trabajo articulado entre las diferentes entidades del Estado; el ICBF, por ejemplo, tiene bajo protección nueve menores, quienes viajaron con el acompañamiento funcionarios la entidad y seguirán con la mediada hasta que cumplan las condiciones para ser entregados a sus padres.

Una vez establecidos en sus lugares de retorno, la Unidad seguirá atenta a temas como la prevención, protección y garantía de derechos que contempla la Ley de Víctimas.