Una preocupante radiografía que afecta a los niños, niñas, adolescentes y mujeres, fue expuesta en la VII Audiencia Pública de lucha contra la Trata de Personas y Explotación sexual capítulo Tolima – Cundinamarca, pues aunque hay diferentes casos identificados, la intervención del Estado se estaría quedando corta.

La Procuraduría General de la Nación informó que el trabajo que adelanta en los territorios muestra que en materia de violencia sexual y trata de personas, en el país existe un machismo arraigado profundo y una cultura patriarcal que acentúa las violaciones.

Asimismo, existe el pensamiento de que el cuerpo de las mujeres y las niñas es un objeto de consumo por el cual se tiene derecho a pagar.

Durante la jornada, que tuvo como foco el sector transporte, Adriana Herrera Beltrán, procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y la Familia indicó en su intervención que en los casos de abuso sexual, explotación sexual, la trata de personas con fines de explotación sexual “jamás se puede culpabilizar a las víctimas (…) es fundamental dejar muy claro que las mujeres, niños y niñas víctimas de explotación sexual no se prostituyen, no ejercen la prostitución, no ofrecen servicios sexuales, la prostitución infantil no es un término valido, pues reproduce una práctica que culpabiliza a las víctimas e invisibiliza a los explotadores.

“Lo que existe es la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes y eso es un delito”.

Contexto regional

De otra parte, Jineth Bedoya, subeditora de El Tiempo y directora de la campaña ‘No es hora de callar’, dijo que a nivel nacional se tiene un panorama muy sombrío en el tema de explotación sexual y trata de personas, específicamente, en niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, que no está en el radar de las autoridades “porque simplemente no interesa”.

Para el caso del Tolima hay situaciones identificadas sin atención.

“Tenemos un problema grave con el transporte. Hablo específicamente de Bogotá – Medellín que atraviesa por Honda y que tiene una problemática bien particular y que es un tema de explotación sexual con niñas entre los 11 y 14 años por parte de los transportadores”.

Y aunque las autoridades en ocasiones justifican el hecho señalando que son las mismas madres que venden a sus hijas, Bedoya indicó que el Ministerio de Transporte debe tener claro un protocolo para que las empresa que contratan a las tractomulas les quede claro que tener sexo con un menor es un delito visto como explotación sexual y por ello tiene que ser penalizado.

“Estamos hablando de casos que tenemos identificados en donde un conductor paga hasta cinco mil pesos para tener sexo oral con una niña de 11 años”.

Otra de las poblaciones que genera intranquilidad es Melgar con la base del Ejército, pues también se conoció que hay militares que después de un periodo de largo de aislamiento y que salen de permiso, llegan al casco urbano y pagan por sexo, “en la mayoría de las veces es con menores de edad, eso es explotación sexual”.

Además de ello, existiría probabilidades de que entre Nilo (Cundinamarca) y Melgar (Tolima) haya casos de trata de personas y red de explotación sexual en las fincas de recreo, según la periodista a pesar de que los flagelos están identificados, los hechos no han sido atendidos.

Pero como si esto fuera poco, se suma la impunidad en el 98% de los casos de explotación sexual, “mientras todos los entes del Estado, no se articulen y no haya realmente una contención del fenómeno, vamos a seguir teniendo niñas con embarazo a edad temprana, o con enfermedades de transmisión sexual, pero sobre todo una explotación sexual rampante que acaba con sus vidas”.

En este tema, para la periodista, los grandes ausentes fueron la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, y las Cámaras de Comercio.

¿Qué dicen los entes territoriales?

El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, indicó que el balance expuesto obedece a una inequidad social y que para el caso de la capital tolimense, a través de su Plan de Desarrollo, se enfocó en lograr equilibrio y entregar soluciones en temas como salud, educación, vivienda, entre otros. “Mientras sigan existiendo situaciones tan graves como son los problemas de una sociedad desigual, se encuentran estos resultados (...) lo que hoy estamos tratando aquí obedece fundamentalmente a un Estado inequitativo y sin justicia social”. Por su parte, el secretario de Gobierno de Melgar, Ricardo Marín, expresó que este es un tema muy delicado, por lo que en su municipio se ubica la base de Tolemaida que alberga a cerca de 30 mil personas, de esta cifra 20 mil son hombres.

“Esa dificultad y esa línea de departamentos entre Cundinamarca y el Tolima a veces nos dificulta el accionar judicial, en ese aspecto”, comentó el funcionario.

Agregó que los procesos judiciales son lentos, aunque este año, la Fiscalía priorizó entre las acciones penales la explotación de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, que es necesario una articulación entre el comercio, el sector público y las autoridades para ser vigilantes, pues aunque Melgar es una población pequeña tiene 189 hoteles y 65 condominios. En cuanto a las denuncias en lo transcurrido de este año, el Secretario contó que hay una por explotación sexual, y “como violencia intrafamiliar tenemos varias, unos casos muy delicados, por niños abusados por los padres, padrastros, tíos, en el entorno familiar”.

Mientras que el director de Cobertura Educativa del Departamento, Daniel Medina, comentó que la audiencia fue un espacio para ‘halar las orejas’ a todos los gobiernos tanto los que van de salida como los que están por llegar, pues es una situación que está azotando a la niñez, “uno de los casos que también incide en que los menores dejen las aulas es precisamente la falta de oportunidades y hay oportunidades mal logradas que tienen que ver con la explotación sexual”. Coincidió en que hizo falta la presencia de Cotelco, pues es una problemática que pasa por la responsabilidad de los padres, los empresarios y el Estado.