Por irregularidades se suspendió elección de delegados de las ONG en Cortolima

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
Por presunta falsificación de firmas y alteración en documentos, fue congelado el proceso que busca elegir dos representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ambientalistas para conformar el Consejo Directivo.

La presunta alteración de firmas, carpetas gemeliadas, un certificado de cámara de comercio adulterado e irregularidades en soportes, obligaron a que desde la dirección de Cortolima se suspendiera la elección de dos representantes de las ONG para integrar el Consejo Directivo de Cortolima durante el periodo 2020 -2023, proceso que se haría hoy.

Según el acta de evaluación de hojas de vida de fecha 23 de septiembre, entre las irregularidades detectadas estuvo que hay organizaciones sin ánimo de lucro que se registraron dos veces con carpetas que contenían documentación diferente, también se encontraron distintas firmas de la misma persona o representante legal en cartas de presentación e informes de gestión de las actividades.

Asimismo, hubo casos en los que una misma persona certificó actividades prestadas a diferentes personas jurídicas con el mismo número de Orden de Prestación de Servicios (OPS), a lo que se suman informes ambientales sin firmar.

Estos datos fueron corroborados en el informe final de verificación el pasado 7 de octubre.

Según el director Jorge Enrique Cardoso, en total se inscribieron 429 entidades sin ánimo de lucro, de esta cifra se inhabilitaron 192, quedando vigentes 137 ONG, de las cuales “encontramos que aún 81 carpetas se encuentran con firmas posiblemente escaneadas, cortadas y traspasadas al informe que exige la resolución 606 de 2006”.

Ante el alto volumen de irregularidades, se solicitó el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, igualmente del delegado del Ministerio de Ambiente ante el Consejo Directivo. Asimismo, se decidió que las carpetas entrarán en custodia para ser entregadas a la Fiscalía.

 

‘Ola’ de inscripciones

Para esta vigencia las inscripciones de carpetas se cuadriplicaron en comparación con el proceso adelantado hace cuatro años, época en la que se alcanzó a llegar a un poco más de cien, esto se debería a que los dos representantes son elegidos en reunión por ellos mismos, es decir, entre más ONG inscritas, más posibilidad de votos.

En cuanto a la importancia de ocupar estas sillas, según Cardoso, esto se debe a que “ellos en el seno del Consejo Directivo interpretan y son el lazo de mediación entre la Organizaciones No Gubernamentales ambientales con la autoridad ambiental y con todos sus políticas y programas.

“Y aclararle a la comunidad, que en este sentido no afecta el proceso eleccionario de director o directora General”.

 

Dudas que empañaron el proceso

Diferentes organizaciones sociales y ambientalistas del Tolima, decidieron aliarse para crear una propuesta alternativa y apoyar a dos cantidades específicos, según Jaime Cortés integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional de Trabajo, CGT, y secretario de la Federación Agraria Nacional, Fanal, se buscaba una representación real de los intereses de las comunidades frente a la defensa de los recursos naturales.

“Era una propuesta alternativa unitaria que hizo un esfuerzo grande, sin contar con la burocracia política, se hizo el ejercicio y se inscribieron 78 ONG”, comentó.

Sin embargo, al presentar las carpetas 77 fueron inhabilitadas “por la falta de firma de un informe, que en la norma no lo plantea, nos descabezaron el 99% de las ONG”.

El hecho fue calificado de irregular y denunciado a través de un comunicado respaldado por el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, la Corporación para la Gestión Territorial Imakalla, Fanal y el CGT.

“Lo que denunciamos como diferentes organizaciones sociales, es que aquí no hubo transparencia”, por ello buscarán que el caso sea investigado por la Procuraduría General.

De otra parte, Renzo García, vocero del Comité Ambiental, indicó que “evidentemente no existen verdaderas garantías para que este tipo de procesos puedan disputar los espacios de decisión como lo es el Consejo Directivo de la Corporación, pues son usadas toda clase de maniobras que terminan excluyendo las propuestas alternativas que van en contravía de las dinámicas tradicionales, politiqueras y viciadas que allí se encuentran”.

Esto teniendo en cuenta la inhabilidad de las organizaciones que buscaban apoyar un candidato alternativo. Ante este hecho el ambientalista propuso conformar una red de organizaciones que trabajen en una veeduría “con posición crítica frente a las acciones que realiza Cortolima”.

 

En cifras

Entre las 192 carpetas inhabilitadas había 58 sin firma en el informe ambiental, 11 tenían firmas adulteradas, 10 carpetas fueron gemeliadas, una tenía aparentemente la certificación de la cámara de comercio adulterado, 55 tenían una OPS con el mismo número y 57 no cumplieron los requisitos.

Y en lo relacionado con la Comisión de Verificación, está compuesta por tres funcionarios de planta y un contratista. Se espera, retomar el proceso antes de finalizar esta vigencia.

En cuanto a los aspirantes quedaron ocho habilitados, entre ellos, los dos actuales representantes de las ONG, que son Flower Arboleda y Hugo Rincón.

 

Sin candidatura

Marcela Cortés, una de las ambientalistas que postuló su nombre para ocupar un lugar en el Consejo Directivo, comentó que esta elección dejó varias dudas y que “responde a muchos intereses individuales de partidos políticos”.

En su caso, representaba a la Corporación S.O.S. Comité Ambiental y fue descartada porque una de las certificaciones que era de un convenio con un Municipio, no le habría demostrado al comité evaluador que sí desarrollaron las actividades acordadas.

“No estamos de acuerdo en la forma como se descalificaron las organizaciones alternativas que le apostaban a una candidatura diferente, que realmente no responde a una lógica de partidos tradicionales, ni de extrema derecha”.

La joven dio a entender que con todos estos hechos queda en evidencia que la CAR se ve como un ‘fortín político’.

En cuanto a las organizaciones que quedaron fuera, explicó que son diferentes entidades que reúnen comunidades sociales y campesinas que trabajan por la protección de los recursos naturales en sus territorios.

Los tres representantes coincidieron en que fue una decisión acertada suspender el proceso hasta tanto no se aclare “la cadena de irregularidades” denunciadas.

Ante las denuncias de las organizaciones, el director de Cortolima, comentó que si las carpetas no cumplían los requisitos quedaban descalificadas por parte del comité verificador, asimismo, que el Procurador Ambiental, Judicial y Agrario, ha hecho un acompañamiento continuo.

“Tenemos todas las garantías, por eso la documentación está a la vista de los ciudadanos, pero en este momento quedará dispuesta a las autoridades correspondientes”.

XIMENA VILLALBA C.

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