Fuertes críticas y cuestionamientos ha despertado el proyecto de extracción de oro que comenzó en las veredas Ambulo y Balsillas en la jurisdicción de Ataco y Chaparral con la licencia ambiental de Cortolima, permiso otorgado en diciembre de 2019 a la Sociedad Agregados Ingecol y Construcciones S.A.S.

Algunos han denunciado ante medios de comunicación que fue un trámite ‘exprés’, asimismo, que las comunidades campesinas e indígenas no fueron informadas oportunamente y que en medio de este tema existiría una intervención política.

¿Influencia Liberal?

El exdirector de las territoriales Suroriente y Norte de Cortolima, Carlos Andrés Álvarez, dijo que en este caso hubo una ‘licencia exprés’, pues se entregó ocho meses después de solicitada, y que en su experiencia para solicitar un aprovechamiento forestal de entre 10 y 15 árboles se demoraba por lo menos seis meses.

“Dentro de la licencia hay un aprovechamiento forestal de más de 570 árboles, donde obviamente no hubo un estudio de cada individuo arbóreo y la fauna que se va a afectar, están olvidando el concepto del agua”.

El exdirectivo agregó que la licencia “no cuenta con ningún tipo de pacto social, no se socializó con la comunidad, aprovecharon el año político para sacar adelante con unas reuniones con cuatro o cinco autoridades, cuando se tiene que hacer con toda la comunidad”.

Pero el exfuncionario de la autoridad ambiental fue más allá y dijo que la represente legal de la Sociedad Agregados Ingecol y Construcciones S.A.S. es July Marcela Ortiz Montes, “ella es hija de la (entonces) candidata liberal a la alcaldía de Ataco, Marilyn Montes, ella estaba avalada por el partido Liberal.

“Y digo hay que preguntarle al actual diputado Julio Morato, que la acompañó tanto en campaña, qué opinión tiene de esta licencia ambiental, si está a favor o en contra.

“Todos sabemos que Jorge Enrique Cardoso (exdirector de Cortolima) era de extracción Liberal, del grupo ‘jaramillista’, ¿qué pasó? Se ve esta licencia exprés, obviamente hubo un gran favorecimiento para que se otorgara a la hija de la excandidata liberal”.

Agregó que es necesario que la actual directora, Olga Lucía Alfonso Lannini fije su postura, frente a los temas mineros.

Al consultarle, si en ese punto se puede adelantar el proceso de revocatoria de la licencia ambiental explicó que sí, porque no hay licencia social, no se adelantó consulta previa y las visitas técnicas tendrían falencias.

Contradicciones

En la edición del pasado viernes EL NUEVO DÍA dio a conocer detalles del proyecto que tiene como fin la explotación de oro y sus concentrados, minerales de metales no ferrosos y sus concentrados NCP, y demás concebibles, que se desarrollará cerca al río Saldaña.

Dicho proceso se ejecutará en un sector de Ataco, que por años ha sido una ‘joya’ codiciada por las empresas mineras y el cual está cerca a la zona en donde la Compañía Minera de Ataco S.A.S. buscó explotar oro, pero en donde finalmente no pudo, debido a la negación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla.

El diputado Renzo García, dijo que le sorprende negativamente que en el pasado, el entonces director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, “con un proyecto que quedaba a un kilómetro aguas arriba de este, que acaban de darle licencia ambiental, generó una gran cantidad de acciones técnicas, jurídicas y científicas para oponerse”.

Asimismo, el asambleísta explicó que uno de los argumentos de la autoridad ambiental era que no se respetaba la ronda hídrica y el caudal máximo de inundación en un periodo de retorno entre 50 a 100 años.

Teniendo en cuenta que la licencia fue entregada hace dos meses, el camino jurídico que quedaría es interponer una acción de nulidad “ante el contencioso administrativo, que sea capaz de recoger todos los argumentos que tuvo la Anla, para negar un proyecto de la Compañía Mineros de Ataco, justamente a un kilómetro arriba”.

García precisó que años atrás esa zona tuvo presencia de minería ilegal, por lo que Cortolima, la Gobernación del Tolima y el municipio de Ataco, invirtieron una gran cantidad de recursos para hacer una restauración ecológica, “y justamente Cortolima decía entre sus recomendaciones que el proyecto no se podía dar por esta condición y este (nuevo proceso) también la presenta, es decir que, ahí hay un argumento que Cortolima debe acoger porque justamente fue quien lo planteó”.

A lo que se le suma que se debe respetar la ronda hídrica del río Saldaña, “la pregunta es por qué no aceptan los argumentos que ellos construyeron en visitas de campo”.

Del mismo modo, debe haber espacio para la participación ciudadana, que en este caso hasta el momento no la habría.

Comunidades no fueron consultadas

Uno de los reclamos proviene de las comunidades indígenas; Alfredo Capera, representante de esta población ante el Consejo Directivo de Cortolima, comentó que desconocía el trámite y que se enteró de la licencia y de la explotación de oro, en una reunión que se hizo esta semana que tenía por tema principal la construcción del Plan de Desarrollo.

“Quede impresionado de como salió una licencia en seis meses y nadie de nosotros nos enteramos, ni nos informamos. Preguntábamos en el Consejo qué estaba pasando con casos de extracción minera, del Triángulo del Tolima, de explotaciones que uno escucha de materiales de río, pero de ese tema en particular, en absoluto”.

Capera explicó que no es válido el argumento de que no se hizo una consulta previa, porque en la zona de influencia directa no hay presencia de comunidades indígenas, pues la cosmovisión de estas poblaciones hablan de un solo territorio.

“El sur del Tolima es un territorio indígena, nosotros andábamos desde el Huila hasta el Quindío, porque este es nuestro territorio, entonces decir que en un predio aislado no hay indígenas, cuando sabemos que hay alrededor de ocho organizadas, a lo que se le suma otras que no están reconocidas, no sé de dónde sacaron ese estudio”.

La preocupación se centra en el río Saldaña, afluente que en percepción del consejero cumple una función económica, social, cultural, ambiental y política “tocar ese río es una situación muy compleja para nosotros los indígenas, porque de este sobreviven las comunidades de Ataco, Coyaima, Ortega, Saldaña, se proveen los distritos de riego y en la orillas se produce seguridad alimentaria”.

La ‘joya’ del sur

Según información histórica desde la década de los años 80, Ataco ha sido una población buscada para adelantar proyectos auríferos a mediana y gran escala. En 1996 se hizo una fuerte oposición a Mineros El Dorado S.A., empresa que intentó instalarse con una explotación de oro con paladraga. Tras el rechazo social y político, finalmente, no le fue otorgada la licencia ambiental.

Años después, se conoció el interés de la empresa Mineros S.A. que recogió el 100% de los derechos y obligaciones que le correspondían a El Dorado.

Luego Mineros S.A. volvió a buscar la oportunidad para la explotación de oro, pero en este el ejecutor iba a ser la Compañía Minera de Ataco S.A.S., empresa a la que la Anla le negó la licencia ambiental en 2018.

Y a pesar de que la Sociedad Agregados Ingecol y Construcciones S.A.S., apareció en escena en abril de 2019, el trámite para el contrato de concesión N.º ICQ – 080216X que tiene como fin la exploración y explotación de un yacimiento de oro, lo inició Nelson Forero Aguirre desde marzo de 2007 y fue concedida por la Agencia Nacional Minera en febrero de 2015, luego Forero Aguirre hizo el traspaso a Ingecol en 2017. A las poblaciones les preocupa que esta licencia puede abrir la puerta a todos estos intereses que por años se les ha frenado el paso en medio de una lucha social y ambiental.

Opiniones

El proyecto ha generado diversas posiciones, algunos consideran que se debe dar una oportunidad para que se exponga el proyecto a las comunidades. Para Luis Ángel Cuenca es necesario conocer si esta intervención será sostenible y si traerá desarrollo económico, social y empresarial.

Agregó, que Usosaldaña hace presencia por los arroceros, pero no se preocupa para los demás productores.

De otra parte, la personera Laura Manjarrés, comentó que conoció un proyecto de Ingecol en el Huila, lugar en el que se habría hecho una recuperación ambiental después de una explotación aurífera, al parecer allí las tierras se recuperaron y hoy se produce arroz.

Añadió que “se ha requerido a la empresa para que se de la socialización a nivel de comunidades indígenas y demás minorías de Ataco, porque ya socializaron en jurisdicción de Chaparral y en Ataco solo se han publicado edictos”.

En cuanto a la presencia de comunidades indígenas, comentó que según certificación del Ministerio del Interior y Justicia no hay en la zona del proyecto.

De otro parte, representantes de la Mesa Municipal de Víctimas de Ataco, expresaron su preocupación y la forma en que se dio la licencia, ya que no se hizo socialización, asimismo, comentaron que se podría dar una confrontación entre grupos que están a favor y en contra.

A lo que se le sumaría un conflicto social, “hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que evalúen tanto el impacto ambiental como el social, económico y productivo”, precisaron.