La Contraloría del Tolima realizó 17 hallazgos a un contrato firmado entre la Gobernación del Tolima, en cabeza de la Dirección de Salud Pública,  y la Fundación Solidaridad por Colombia, cuyo objeto era la realización de un estudio de caracterización de aproximadamente 2 mil familias residentes en la comuna Siete de Ibagué, en los barrios Calucaima, La Ceibita, Álamos, Nazaret, Modelia, Protecho y Territorio de Paz.

El monto de los hallazgos ascendería a los 79 millones de pesos, y algunos de ellos tendrían incidencia disciplinaria y fiscal.

La secretaria de Salud en ese entonces era Sandra Liliana Torres.

El ente de control practicó una auditoría exprés sobre las presuntas irregularidades contractuales puestas en conocimiento por la Procuraduría General de la Nación en agosto del 2019.

Según la Contraloría, los hechos tienen que ver también con la “posible falta de control y seguimiento al convenio 0916 de 2017, lo que originó, al parecer, falsificación de firmas en algunas actas del citado convenio”.

La investigación evidenció un posible incumplimiento en algunos aspectos del contrato, pese a lo cual se autorizaron desembolsos parciales de los pagos.

El contrato firmado entre las partes buscaba “Aunar esfuerzos entre la Gobernación del Tolima y la Fundación Solidaridad por Colombia para desarrollar un estudio descriptivo sobre el estado nutricional y condiciones sociofamiliares, que responda a las necesidades nutricionales y coadyuve a mejorar las dimensiones de desarrollo de los tolimenses mediante la implementación de un piloto de asistencia alimentaria”, y tuvo un valor de 945 millones de pesos, de los cuales 800 millones era el valor que le correspondió aportar al Gobierno departamental, mientras que la Fundación aportaría $145 millones.
“Ya se van a remitir estas incidencias a la Dirección de Responsabilidad Fiscal con el fin de que inicie los procesos de responsabilidad fiscal a los concurrentes con el fin de poder dar la recuperación de estos recursos”, aseguró Diego Andrés García Murillo, contralor departamental.

“Las partes tienen un debido proceso. Nosotros concluimos un proceso de auditoría exprés ante la denuncia presentada por la Procuraduría, ya se concluyó el informe final. 

“Va a haber un seguimiento por parte de la Contraloría a este convenio. Los involucrados ahora pueden comenzar con su proceso de defensa”, finalizó el contralor del Tolima.

Los hallazgos

Dentro de los hallazgos la Contraloría menciona que la propuesta presentada por la Fundación solo adjunta el presupuesto para el proyecto, sin describir la forma como se llevaría a cabo cada actividad.
Conforme había quedado establecido en el presupuesto, el Cooperante debía entregar 400 cartillas sobre lactancia materna y alimentación complementaria, sin embargo, dice la Contraloría, durante la presentación del anexo técnico se manifestó que se había hecho entrega de 800 ejemplares, situación que “genera incertidumbre para el ente de control frente a la exactitud del número de cartillas que debía entregar el Cooperante”, así mismo sería una demostración de la falta de revisión de información y comparación de datos y obligaciones del contrato.

En ese mismo sentido, la Fundación debía presentar el cronograma de ejecución de las actividades, pero este “en la documentación puesta a disposición del ejercicio auditor no se evidenció tal documento”.

Se evidenció también un presunto daño patrimonial de 795 mil pesos en el rubro de “viáticos y transportes”.

En el presupuesto ejecutado para la realización de unos videos educativos se descubrió un presunto detrimento de casi 30 millones de pesos, además de que, según consta en una certificación expedida por el almacenista de la Gobernación, no reposa en los registros de esta dependencia el ingreso de los videos. 

La Contraloría también realizó varios hallazgos con incidencia disciplinaria y fiscal como una modificación a la ejecución del presupuesto sin que esta haya sido notificada a la oficina de contratación.

El hecho más notorio de todos es que a los 800 millones de pesos, que eran el aporte inicial de la Gobernación, se sumó un giro por 19 millones, cuya ejecución no fue soportada por la Fundación. Al final del proceso auditor se concluyó que existiría, en este caso preciso, un presunto detrimento patrimonial de 11 millones.

Entrecomillado

"Ya se van a remitir estas incidencias a la Dirección de Responsabilidad Fiscal con el fin de que inicie los procesos de responsabilidad fiscal a los concurrentes con el fin de poder dar la recuperación de estos recursos", Diego García,Contralor Departamental.

Destacado

El monto de los hallazgos realizados por la Contraloría del Tolima ascendería a los 79 millones de pesos.