Exigen atención médica y acciones sanitarias en cárcel de Picaleña por Covid-19

La Corte Constitucional ordenó a las cárceles tomar medidas por la pandemia.
Crédito: ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
Ante la crisis provocada por el Covid-19, la Corporación Semilla y Memoria denunció a través de un comunicado público las presuntas deficiencias en el tratamiento y la asistencia médica que funcionarios del Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, ubicado en el sector Picaleña, están prestando a las personas privadas de la libertad, entre ellas, excombatientes de las Farc.
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La organización aseguró que pese a la emergencia económica, social y ecológica decretada por el presidente Iván Duque, por cuenta de la pandemia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) viene desatendiendo las acciones preventivas y ha sido negligente en la asistencia en salud a la población recluida.

En primer lugar, la Corporación sostiene que los agentes del Inpec entran y salen del centro penitenciario sin ninguna clase de medida preventiva, contrariando la política de aislamiento de la institución y de los prisioneros, cuya salud se estaría poniendo en riesgo.

Por otra parte, indicó que el excombatiente de las Farc, Mario Ancízar Montero Hueso, ha tenido síntomas de fiebre y dificultad para respirar, pero no ha recibido una atención adecuada y, por el contrario, se ha atribuido sus dolencias al síndrome de abstinencia por supuesto consumo de sustancias psicoactivas, cuando no tiene historial relacionado.

“Sumado a lo anterior y como mecanismo de aislamiento, el Inpec decide suspender de manera absoluta las visitas a los prisioneros de guerra de este penal. Todo lo cual implica, en la práctica, en agravantes de la situación de reclusión y de salud de los prisioneros políticos y sociales que se encuentran en el Coiba – Picaleña”, afirmó.

También indicó que hay falta de información clara y un tratamiento adecuado de los presuntos casos de Covid-19 en la población privada de la libertad. Por esta razón, aseguró la Corporación, se precipitó el amotinamiento ocurrido a finales del mes pasado en las instalaciones del Bloque 2 del complejo carcelario.

Por esto, exigió al Gobierno nacional atención adecuada y protección de derechos fundamentales y a la Procuraduría General pidió abrir investigaciones a funcionarios del Inpec por posibles faltas disciplinarias en el trato y asistencia médica a prisioneros de Farc.

Entre tanto, a la Defensoría del Pueblo solicitó velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales y desarrollar acciones legales que permitan determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

EL NUEVO DÍA

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