Este martes, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría confirmó la decisión de continuar con la investigación disciplinaria en contra del oficial. “Observa la sala que la inconformidad de la defensa en que no dar por terminado el proceso disciplinario vulnera el principio de inocencia”, sin embargo, la sala también consideró que entre la audiencia de formulación de cargos y la preclusión y nulidad que solicitó la defensa, no se surtieron las pruebas para determinar si se acogía o no la petición de la defensa.

“No se ha afirmado que la defensa debe demostrar la inocencia. Toda duda debe resolverse a favor del disciplinado. La Procuraduría a través de la sala disciplinaria tiene intención de realizar una práctica de pruebas”, señaló el delegado.

La solicitud fue resuelta luego de que el pasado 16 de junio, Velilla reveló nuevamente sus cartas en la defensa del oficial, que hoy completa más de cinco diligencias disciplinarias en su contra, teniendo en cuenta que es señalado por presunta extralimitación en sus funciones y tráfico de influencias cuando hizo las veces de director del Fondo Rotatorio.

En este caso, Velilla señaló que la construcción de las casas fiscales se adelantaron acorde a lo estipulado en el contrato que “culminó con el presupuesto asignado”, argumentó el abogado y añadió que esta no es la primera vez que pide la nulidad del proceso.

El abogado una vez más defendió la hipótesis sobre la inocencia de su defendido, pues en audiencias pasadas señaló que el oficial además de no tener relación con el contrato, ya se había archivado una investigación años atrás por los mismos hechos.

Además de eso, Velilla aseguró que las investigaciones en contra de su defendido tienen la finalidad de empañar la imagen del oficial, que completó más de 30 años en la institución. En esa primera ocasión, la solicitud de la defensa no prosperó, pues el procurador delegado señaló que si bien la investigación por tales hechos se archivaron, se hizo contra medios mandos y no contra generales.

El proceso del general

En una diligencia anterior, el delegado del Ministerio Público, Carlos Orjuela, leyó el documento en el que reposa los cuatro cargos que le formularon al general, por las inconsistencias relacionadas con la construcción de las casas fiscales.

En el primero de ellos se le cuestiona a Atehortúa que en calidad de director general del Fondo Rotatorio pudiera estar incurso en una falta por haber participado, entre el 26 de diciembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2015, en la ejecución de un contrato en la que, a juicio de la Procuraduría, habría desconocido el principio de responsabilidad, al haber faltado “probablemente” a su deber de adelantar la revisión sobre la obra y velar por la buena calidad y el objeto del contrato.

El ente de control cuestiona, en el segundo cargo, que el oficial en su calidad de inspector general de la Policía, entre el 19 de junio y el 13 de diciembre de 2018, no se hubiera declarado impedido para conocer un expediente disciplinario relacionado con las presuntas irregularidades en la construcción del proyecto de viviendas fiscales denominados Cenop, pese a la eventual existencia de un interés directo sobre la actuación.

El tercer cargo que pesa sobre Atehortúa es por la presunta extralimitación de funciones por haber acudido a un capitán para que verificara la actuación adelantada en el proceso por los hechos de la construcción de las viviendas fiscales, que conocía el Grupo de Procesos Disciplinarios de Primera Instancia de la Inspección General, y le suministrara una línea de tiempo del expediente.

En el cuarto cargo, la Procuraduría le reprocha al director general de la Policía que, aparentemente, utilizara de manera indebida estar en el cargo de director de la policía, para que el inspector general de esa institución, general William René Salamanca Ramírez, no diera curso a una actuación disciplinaria que estaba adelantando por posibles irregularidades ocurridas en el proyecto Cenop, en la que podía resultar comprometida su responsabilidad.