“Nos tomó por sorpresa el tema de la contratación del señor Cardoso en el Ministerio de Vivienda, porque precisamente habíamos denunciado al ministro Jonathan Malagón, nos había bajado muchísimo la moral y ahora que salió la revocatoria la felicidad fue absoluta”.

Ariza precisó que en este proceso también estuvieron el Comité Ambiental del Tolima y los de Santa Isabel, el de Proconsulta de Alvarado, ambientalistas de Anzoátegui, las comunidades de Santa Bárbara y Malabar, zonas de influencia directa del proyecto.

La ambientalista agregó que fueron dos años de diferentes denuncias por la falta de estudios técnicos y por la presión que sintieron de diferentes sectores políticos. Asimismo, indicó que actualmente existirían tres solicitudes más sobre el río Totare para la producción de energía eléctrica por lo que continuarán vigilantes.

De otro lado, Diego Zuluaga, consejero de la Cuenca del río Totore, comentó que la revocatoria es el resultado de un trabajo arduo de las comunidades, asimismo, que desde el 2015 cuando se dio inicio a los Estudios de Impacto Ambiental “se empieza a demostrar, que no era posible realizar este proyecto.

“Hoy Cortolima en derecho han revocado la licencia otorgada, porque los argumentos expuestos tanto por los recursos de reposición como en las audiencias públicas, que también hicieron eco a través del Procurador Ambiental, demostraban con claridad que este proyecto no se podía hacer en la zona que se tenía dispuesta”.

Zuluaga también señaló que al estar la familia del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, involucrada directamente en el proyecto por tener participación en al empresa se vio la presión, “entendíamos con claridad que el proceso no lo podíamos dar solamente técnicamente, sino que era necesario darlo de manera política”.

El ambientalista comentó que actualmente existirían otras solicitudes sobre río Recio en jurisdicción del Líbano, por lo que estarán pendientes de lo que suceda en el área de cordillera.