Las 150 hectáreas que se esperan poder devolver están ubicadas en los municipios de Natagaima, Coyaima y Ataco.

La comunidad, que contó con la representación de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), busca obtener medidas de reparación integral para más de 80 familias integradas por 364 personas.

Fue la misma comunidad indígena la que presentó las pruebas de las afectaciones de las que fueron víctimas a la URT y, al revisarlas y valorarlas, la entidad decidió acompañarlos en el proceso legal por medio del cual buscan regresar al que fue su hogar.

A raíz de la violencia esta comunidad indígena del Tolima se fraccionó debido a los hostigamientos, amenazas, homicidio de varios de sus líderes y el reclutamiento forzado de menores.

Con ese desplazamiento se vulneró su autonomía, su seguridad jurídica y la práctica de sus tradiciones culturales, lo cual se espera recuperar con esta acción judicial.

En la aceptación de la demanda se vincula a la Superintendencia de Notariado y Registro, al Instituto Colombiano Agustín Codazzi, a la Agencia Nacional de Tierras, a las alcaldías municipales de Natagaima y Coyaima, al Ministerio Público, a la Corporación Autónoma Regional del Tolima y al Ministerio de Ambiente.

Además de la devolución de estos territorios ancestrales, se espera garantizar las medidas para una reparación integral a sus afectaciones.