La decisión se tomó en el Comité Territorial de Justicia Transicional (Ctjt), en el que participaron los delegados de la Mesa Efectiva de Participación de las Víctimas, representantes del Ministerio Público, el Icbf, el Sena, la Fuerza Pública, la Unidad para las Víctimas y el gobernador Ricardo Orozco junto con miembros de su gabinete.

La Administración departamental fue la que tuvo a su cargo la presentación de cada una de las líneas de acción y los presupuestos determinados en la ejecución de proyectos para la implementación de la política pública de víctimas en los próximos cuatros años.

Germán Darío Bernal, delegado en representación de las víctimas, resaltó que se hayan incluido temas esenciales para el mejoramiento de la calidad de vida de sus representados.

“La priorización de las víctimas para el acceso a la educación superior, el programa de rehabilitación Papsivi, que contará con recursos significativos para desarrollarse en diferentes municipios, la ampliación de los espacios de participación de las víctimas con todas las garantías son temas esenciales”, señaló.

Así mismo, se socializó por parte de la Policía y el Ejército Nacional el concepto de seguridad para el departamento, con un reporte positivo en materia de orden público, instrumento que garantiza el avance del programa de retornos y reubicaciones que adelanta la Unidad en esta región del país. 

“Todas estas medidas en favor de las víctimas fortalecen las tareas que la Unidad para las Víctimas se ha trazado para el cumplimiento de las metas y procesos en la reparación integral de las personas afectadas por la violencia en los 47 municipios del Tolima”, afirmó María José Dangond David, directora territorial de la Unidad para las Víctimas.