Los retos de las comunidades indígenas en medio de la pandemia

Crédito: Archivo - EL NUEVO DÍA Estas poblaciones étnicas han recurrido a diferentes mingas de reclamación para hacer cumplir los más de mil acuerdos pendientes.
Desde hace 15 años la Asamblea del Tolima creó una ordenanza para estas poblaciones, que se convirtió en un ‘saludo a la bandera’. Aunque hay leves avances en educación y salud, aún faltan mayores espacios para los más de 40 mil indígenas que viven en el departamento.
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El Tolima tiene 45 mil 269 habitantes indígenas distribuidos en 16 municipios; igualmente, 206 comunidades y 91 resguardos, población que tradicionalmente dedicaba un amplio espacio a conmemorar el día Internacional de los Pueblos Indígenas cada 9 de agosto.

Pero este año, la pandemia obligó a que solo se tuviera un encuentro vía digital; asimismo, ha generado una serie de retos que son muy difíciles afrontar desde la virtualidad.

 

Una ordenanza cumplirse

Alfonso Palma, representante de la comunidad Vuelta del Río de Ortega, comentó que históricamente estas poblaciones étnicas han librado una lucha para conservar sus territorios, la organización social, la cultura, formas de vida y autoridades tradicionales.

Agregó que un gran reto surgido en los últimos años es “redescubrir la historia real (de la conquista), cuál fue el impacto del español y cuál es el legado de la lucha indígena, esas raíces de resistencia de identidad y saber cuál es nuestro origen”. Igualmente, comentó que el territorio y la cultura es la razón de ser de las comunidades.

De otra parte, mencionó que aunque se tiene en el papel un avance en los derechos indígenas a través de decretos, leyes o resoluciones, tanto en el marco internacional y nacional, este último a través de la Constitución de 1991, muchos no se han desarrollado.

“En el caso del Tolima recordemos que está la ordenanza 051 de 2005, aprobada por la Asamblea Departamental en cuanto a la política pública para comunidades indígenas, de esa ordenanza hasta ahora ningún gobierno desde el 2005, la ha querido o tenido la voluntad política para implementarla”, añadió.

Lo que se percibe 15 años después es que dicha ordenanza es un ‘saludo a la bandera’,  pues hoy no existe una política definida para desarrollarla, solamente “proyectos aislados’’.

“Nosotros estamos pidiendo, como en toda política pública, un plan de implementación, otro de inversión y de coordinación con las comunidades indígenas, (también) que al interior de la Gobernación haya un espacio institucional en el cual se permita desarrollar esa ordenanza”.

Algunos de los compromisos de la ordenanza incluye la creación de una Consejería Indígena o Secretaría para esta población, “hemos insistido y seguiremos insistiendo, en que debe haber un Plan de Desarrollo para la comunidades indígenas, puede ser un capítulo dentro del Plan, porque siempre nos han dejado de forma transversal y es la mejor forma de evadir responsabilidades”, por ello, es que desde hace años se viene haciendo la solicitud tanto en el nivel departamental como municipal.

 

Distribución

Las comunidades indígenas se ubican en Ibagué, Espinal, Guamo, Saldaña, Prado, Purificación, Cunday, Ortega, Rovira, San Antonio, Chaparral, Rioblanco, Natagaima, Planadas, Coello y Ataco.

Hay población pijao, también nasa, ubicada en Rioblanco y Planadas. Mientras que  Mariquita tiene una comunidad embera; igualmente, hay inga en Ibague, de esta última hay 14 familias provenientes del Valle de Sibundoy en Putumayo.

A nivel organizativo están el Crit, Acit, Arit, Ficat y Asopijao, de la misma forma existen 12 comunidades que no están afiliadas a ninguna de ellas.

 

La marcada brecha digital

De otro lado, Edwin Henao, secretario General de la organización Acit, contó que entre los retos está encontrar la forma de seguir exigiendo sus derechos a través de la virtualidad “y más con un brecha en la que nuestras comunidades no cuentan con redes de conexión, equipos para adelantar este trabajo; ha sido un reto podernos mantener”.

A esta situación se suma la imposibilidad de adelantar reuniones para socializar hechos que necesitan la toma de decisiones de forma colectiva.

De otro lado, desde la Acit se está buscando una forma para poder acreditarse en los casos que lleva la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Según Henao a través de dos autos, uno de 2009 y el otro de 2017, se reconoció que el pueblo pijao estaba en vía de exterminio físico y cultural.

Por ello, “en ese marco estamos planteando a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas cómo (se puede) armonizar el territorio, para que esas personas que quizás están enterradas en nuestro territorio o desaparecidas, podamos encontrar la forma de hallarlas”.

“Ha sido un reto como no perder nuestra lucha por la paz a pesar de la precariedad y brecha digital que hay”.

De otro lado, el representante de la Acit, mencionó que de cuatro mil 500 familias que necesitaban ayudas inmediatas, solo dos mil recibieron apoyo, situación que fue vista como una discriminación que vendría desde hace varios años.

 

Eternos incumplimientos

Por su parte, Erminzo Vega, consejero mayor del Crit, contó que a raíz de la emergencia sanitario tuvo que cambiar de planes en su primer año frente a esta organización, asimismo, agregó que el confinamiento es una situación que frena diferentes dinámicas, por lo que se espera que regrese pronto a la normalidad.

“Con el Gobierno estamos pidiendo que nos cumplan los mil 650 acuerdos que hay firmados con ellos, pero ni en uno ni dos, nos ponen cuidado. No es como ir uno y golpear la puerta, cuando sea saludan, pero por videollamadas es complicado”, comentó.

En cuanto a los compromisos que vienen desde hace años y que han logrado a través de mingas, coincidió con Palma en que nada pasa, “estamos mirando que nos asaltan en la buena fe en todo y soltamos la minga, porque confiamos en que nos van a cumplir, pero no, es una gran mentira”.

Comentó que en medio de la pandemia hay algunas dificultades porque los censos al interior de las comunidades están desactualizados, hecho que retrasó la entrega de ayudas, razón por la cual se adelanta una renovación de información.

Vega comentó que con el último censo adelantado por la Dane la población disminuyó, lo que desencadena en una reducción en el presupuesto que les corresponde por parte del Estado.

EL NUEVO DÍA

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