Esta semana en Ibagué se conocieron varios casos de maltrato animal que generaron  preocupación entre la ciudadanía, uno de ellos ocurrió en el barrio Las Américas, sector en el que una mujer encontró flotando en una quebrada dos perros amarrados, sin vida y con señales de haber recibido fuertes golpes.

Y el segundo involucra el abandono de caballos, en algunos casos también sin vida, en la vía en el sector de La Martinica. Los hechos fueron rechazados por la comunidad, que también exigió una investigación por parte de las autoridades.

Además, durante la época de pandemia, defensores de animales han denunciado hechos relacionados con el abandono, especialmente, de perros y gatos.

Para lograr contrarrestar estos flagelos judicialmente, desde el Gobierno departamental se está trabajando en la capacitación de alcaldes, inspectores, policías y secretarios de gobierno, al igual que, de la ciudadanía, pues aunque existe una ley desde el 2016 y la Fiscalía cuenta con un grupo especializado para los casos de maltratos, el desconocimiento de cómo se debe implementar la normatividad es alto.

El secretario del Interior del Tolima, Alexander Tovar, explicó que además de avanzar en la protección, adopción y ayuda, se busca llegar hasta la judicialización e investigación de los casos, por ello, esta semana se adelantó una reunión con Jeison Moreno, coordinador Nacional del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, Gelma.

En este espacio se tuvo la presencia de alcaldes y delegados de los 47 municipios del departamento a quienes se les explicó “cuáles son las normas que rigen entorno a la investigación y judicialización de los casos relacionados con el delito de maltrato animal”, explicó Tovar.

Y a la pregunta sobre qué deben hacer las autoridades locales para que la ley se materialice y no queden en simples anuncios, el Secretario respondió que lo primero es “capacitar a las autoridades para que no quede en letra muerta. Muchas autoridades municipales no conocían del tema, a través de la capacitación que hemos brindado ya lo conocen y estamos creando la política de protección animal en cada municipio”.

Agregó, que a nivel departamental hay una política establecida que fue aprobada por ordenanza, asimismo, que en el Plan de Desarrollo quedaron varias metas fijadas como la adquisición de un bus para recorrer todos los municipios y adelantar campañas de sensibilización, atención de salud, al igual que, entregar orientación en herramientas jurídicas y explicación de las rutas establecidas para entablar las denuncias.

Según información conocida por la Administración seccional en municipios como Melgar, Espinal y Flandes se tiene una cifra importante de registros de maltrato, por lo que se priorizaron para apoyarlos en la creación de política animal.

Mientras que Mariquita y Coello tienen en sus Planes de Desarrollo y metas establecidas para la protección y cuidado animal.

¿Y Gelma?

Gelma se creó en diciembre de 2019, sin embargo, su accionar en las regiones para algunos defensores sigue siendo lento, “es mucho lo que hay que hacer, pero ya iniciamos, el doctor Jeison Moreno nos decía que somos el departamento más avanzado en este tipo de capacitaciones, hoy en día contamos con personal dentro de la Secretaría del Interior que conocen del tema y hemos sido direccionados por el Gobernador, que pidió que le pusiéramos especial atención a este tema”, precisó el funcionario.

Los retos a superar en los territorios

EL NUEVO DÍA  habló con Holy Ann Machuca Puentes, abogada e integrante de la organización Defensa Legal Animal, DLA, y la veeduría Vepyba; ella conoce varios casos de maltrato animal en diferentes municipios y los limitantes del sistema. Desde su experiencia opinó que las administraciones municipales y la Departamental, han sido ajenas a las responsabilidades que tienen como autoridades en protección y bienestar animal.

“La Gobernación no tiene claro cuál es la labor legal y administrativa que debe llevar en cuanto al tema de protección animal se refiere, a pesar de que muchas veces se les ha querido indicar sobre los proyectos departamentales más que necesarios para un proceso constructivo y de bases por el bienestar animal”.

Llamó la atención en que en pleno siglo XXI hay varias poblaciones en la región que no cuentan con al menos un veterinario, ni menos un centro de protección animal, “los activistas que son de la misma comunidad, deben sacar con gran esfuerzo de sus recursos para llevar adelante varios casos de animales en riesgo y luchar con la indiferencia de las autoridades municipales”, agregó.

Teniendo en cuenta las vulnerabilidades a las que se ven expuestos aquellos seres sintientes que no tienen voz, lo que se necesita es lograr un trabajo mancomunado entre activistas y administraciones locales, “para que no sea solo una persona como sucede en Melgar o Flandes, la que cargue con la problemática del maltrato animal y el abandono de sus territorios”.

Un ejemplo de ello, está en la población flamenca en donde el activista Harold Pico, además de atender los casos de su territorio, está pendiente de Girardot, Espinal, Ricaurte, entre varias zonas rurales.

“Ahora la tarea de la Policía es clara: va hasta donde las acciones de la Administración municipal le permiten, ya que en un lugar donde no se tiene atención veterinaria, albergues o fundaciones;  y la misma administración es indiferente, a la autoridad policiva le es difícil y casi imposible lidiar con la problemática”, añadió la abogada.

A este panorama se le sumaría la ausencia casi que constante de los Inspectores de Policía en los diferentes municipios, incluido Ibagué.

La necesidad de visibilizar la problemática en los Planes de Desarrollo

Y en lo que se relaciona con el papel que juegan los Planes de Desarrollo locales y regionales, Machuca Puentes señaló que solo se conoce un proyecto de ordenanza de 2017 que está desactualizado: “Es una ordenanza que está sin accionar alguno y sin tener en cuenta la problemática, vacíos y necesidades actuales del departamento.

“Las administraciones deben empezar a apropiarse de sus problemáticas por el abandono y el maltrato animal en sus territorios, y dejar de darle esa carga a los activistas en protección animal”.

Añadió que son importantes las Juntas Defensores de Animales que están reguladas por una Ley de 1972, y que lo ideal sería adaptarlas a las necesidades actuales de los territorios, pues en ese entonces los animales aún no eran considerados como seres sintientes.

En cuanto a Gelma, la abogada dijo que para el caso de la seccional Tolima “el accionar ha sido de poco avance y puede decirse que sólo de intención, y donde la aplicación integral en el departamento no existe, aún no ha llegado a varios territorios y es más complejo cuando hay solo un fiscal  y un solo asistente para atender todos los casos activos en etapa de Indagación e Investigación”.

De  otro lado, en marzo de este año se conoció el caso de Dakota una perra pastor alemán que al parecer fue abusada por su cuidador en una guardería de Ibagué, sobre este proceso la abogada indicó que no se ha avanzado mucho “y ha sido parca la información brindada a la familia, aún se sigue en espera de informes de la Policía Judicial  para poder tomar la decisión de solicitar audiencia de formulación de imputación, situación que se ha visto afectada por la emergencia de salud generada por el Covid – 19”.