Por reunir los requisitos legales, el Tribunal Administrativo del Tolima admitió una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Saldaña, Usosaldaña, en contra de Cortolima.

Dicha acción jurídica recae directamente sobre la resolución 4416 de diciembre de 2019, por medio de la cual se otorgó la licencia ambiental a la Sociedad Agregados Ingecol y Construcciones S.A.S. para adelantar un proyecto minero en las veredas Ambulo y Balsillas ubicadas en Ataco y Chaparral respectivamente.

La demanda fue interpuesta el 2 de marzo por el exgerente de Usosaldaña, Helmer Abel Lozano Lozano, en ese entonces se argumentó que con el permiso entregado se generaba afectaciones al ecosistema, los recursos naturales y al ambiente en el área donde se desarrollaría la actividad.

Igualmente, se menciona que faltó socializar el proyecto con las comunidades ubicadas en el área directa e indirecta de la explotación de oro, de la misma forma, se señala que las operaciones mineras “se desarrollarán en la ribera del río Saldaña, con intervención en la ronda hídrica del (afluente) y la utilización de sus aguas”, intervención que perjudicará en concepto del demandante a las comunidades de Ataco y Saldaña.

Otro de los argumentos es que la calidad de agua del río Saldaña, al igual que su dinámica, terminará alterándose. Usosaldaña, también cuestiona que la autoridad ambiental avaló el Estudio de Impacto Ambiental, un documento que genera bastantes inquietudes pues no explica con certeza el nivel de los impactos que se tendrán sobre uno de los afluentes principales de la región.

Ante las dudas, desde la parte jurídica de Usosaldaña se aportó ante el Tribunal Administrativo del Tolima una evaluación técnica del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, revisión que fue hecha por expertos de áreas como la geología, hidrología y de las ingenierías químicas, al igual que, la forestal. 

De otro lado, EL NUEVO DÍA también conoció que el pasado 2 de septiembre, el Tribunal corrió traslado a las partes de la medida cautelar que solicita la suspensión provisional de la resolución 4416, acto que dio vía libre a la licencia. Por ello, entregó un plazo de cinco días, para que Cortolima como entidad demandada e Ingeocol como vinculada se pronuncien al respecto.