En la denuncia se señala un posible sobrecosto en la compra de kits de mercados y útiles de aseo, para atender la urgencia manifiesta. El contrato que está bajo la lupa de la Procuraduría tuvo un valor de $256 millones 608 mil y se hizo con la Corporación para Nuestra Colombia.

En este caso y de forma provisional el Ministerio Público calificó que las faltas que habría cometido el mandatario son gravísimas, pues al parecer se desconocieron los principios de contratación.

En la audiencia, el apoderado del mandatario espinaluno, Antonio Núñez, hizo una solicitud de nulidad para que se pase a un procedimiento ordinario teniendo en cuenta que el proceso verbal no aplica para las faltas de las que se señala a Tamayo.

Estas son el numeral 30 y 31 del artículo 48 del Código Disciplinario Único: Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato estatal con persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitución o en la ley, y participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal.

“Le solicito haciendo el control de legalidad correspondiente adecúe al trámite, porque estamos frente a una violación del debido proceso y de pronto al derecho de contravención, al no permitirse al encartado desplegar una actividad probatoria que garantice en esencia, su derecho a la defensa”.

Una vez el procurador Carlos Andrés Rivera, se tomó el tiempo para analizar la petición, la respuesta fue negar la solicitud de nulidad, por considerar que la presunta irregularidad expuesta por el abogado no existiría, pues el auto de citación a audiencia de procedimiento verbal ordenado no iría en contra de lo que establece la ley en este caso.

Ante la negativa, el apoderado de Tamayo interpuso un recurso de reposición para que se revocara la respuesta y reiteró que el argumento de la nulidad está fundamentada en una posible “violación al derecho de defensa que es uno de los elementos estructurales de una causal de nulidad (…)”, expuso Núñez.

Seguidamente, el alcalde Juan Carlos Tamayo intervino y expresó: “Veo esto más un efecto político que jurídico, quisiera en el ejercicio de la defensa material, permitirme coadyuvar la petición de reposición que presenta mi abogado”, y procedió a reiterar los argumentos de su apoderado.

Y agregó: “es importante tener en cuenta que las faltas a mi imputadas se encuentran consagradas en los numerales 30 y 31, no se le olvide Procurador, numerales 30 y 31 del Código Único Disciplinario (…)”, las cuales según el mismo Código Disciplinario no los cubre el procedimiento verbal.

Finalmente, la respuesta del Procurador Provincial de Girardot es que se necesitaba hacer un análisis profundo de los argumentos de la defensa, motivo por el cual suspendió la audiencia e indicó que se continuará el 7 de octubre a las 9 a.m., espacio en el que se adoptará una decisión de fondo al recurso de reposición.