Lo que dejó las auditorías exprés de la Contraloría en Espinal y San Luis

Crédito: Archivo - EL NUEVO DÍA
En la ‘Ciudad de la tambora’ se revisaron nueve contratos que dejaron tres hallazgos fiscales por $4 millones 766 mil y en San Luis se evitó un detrimento superior a los $17 millones.
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A comienzos de la emergencia sanitaria por el Covid–19, las alcaldías establecieron varios contratos en el marco de la urgencia manifiesta, para atender diferentes necesidades de la población. Algunos de los procesos generaron denuncias por posibles irregularidades que fueron puestas en conocimiento de la Contraloría del Tolima, este fue el caso de Espinal y San Luis.

¿Contradicciones entre entes de control?

Por medio de una auditoría exprés, la Contraloría revisó las denuncias que recaían sobre nueve contratos celebrados por la Alcaldía del Espinal para adquirir varios servicios como el perifoneo, grabación y edición de jingles como método de estrategia de prevención del Covid–19.

También, suministros de material publicitario para apoyar el plan de contingencia, pasacalles y pendones, alquiler de tres camionetas, el suministro de alimentación para la Fuerza Pública, la compra de mercados y útiles de aseo, asistencia a los habitantes de la calle, del mismo modo, que la adquisición de pruebas rápidas. Para todo ello, el Municipio dispuso de $742 millones 596 mil 786.

En medio de la polémica, uno de los mayores cuestionamientos hechos al mandatario Juan Carlos Tamayo por parte de algunos ciudadanos, fue los presuntos sobrecostos en la compra de mercados y elementos de aseo, contratación que también está bajo la lupa de la Procuraduría General por un presunto detrimento patrimonial.

El contrato para la adquisición de seis mil mercados se hizo con la Corporación para Nuestra Colombia por $256 millones 608 mil el primero de abril. Luego se hizo una adición de $128 millones 304 mil el 20 de ese mismo mes, para un total contratado de $348 millones 912 mil.

La Contraloría adelantó un análisis de presuntos sobrecostos que incluyó datos de mercado y adicionó variables endógenas y exógenas, la conclusión fue que “los elementos entregados por el contratista Corporación para Nuestra Colombia por $256 millones 608 mil se encuentra dentro del margen de precios evidenciados en el estudio de mercado (…) por tanto no se puede argüir que se presentó algún sobrecosto en la ejecución del mismo”.

No obstante, se generó un hallazgo administrativo con incidencia fiscal debido a que en las entregas de los kits de mercado y aseo, el contratista habría dado un menor gramaje en productos como leche en polvo (380 gr) y panela (426 gr) cuando lo pactado había sido 500 gramos para la leche y mil gramos para la panela.

El faltante que fue valorado en $33 millones 017 mil quedó relacionado en los informes de supervisión y se tuvo en cuenta al momento de la liquidación del contrato, sin embargo, la Alcaldía hizo un descuento por $32 millones 487 mil, generando un presunto detrimento patrimonial de $530 mil.

Faltaron entregas

En el caso del operador para brindar asistencia intramural a habitantes de calle, la Contraloría evidenció que el contratista Fundación Misionera Siloé, no habría entregado 678 apoyos nutricionales conformados por desayuno, almuerzo y cena, por lo que precisó en su informe “que por la inobservancia y falta de control en el seguimiento de la ejecución del contrato se generó un presunto daño patrimonial al Municipio por $3 millones 390 mil”. La irregularidad generó una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal.

Y en el contrato del perifoneo, la Contraloría expuso en su informe de fecha primero de octubre que se cumplió con los lineamientos establecidos en la ley y normas de contratación, sin embargo, dejó como observación que el acta de inicio se firmó el 27 de marzo de 2020, mismo día, en que se hizo la entrega de informes de actividades.

“El ente de control evidenció que, en la fecha señalada, relacionan el cumplimiento de la ejecución de grabación y edición de jingles y realización de 25 horas de perifoneo por diferentes lugares del Espinal”, situación que fue reprochada por el ente de control.

Después, cuando el equipo auditor verificó la información evidenció que “se presentó un error en la transcripción,” pues  la fecha de recibo de la relación de actividades adelantadas fue el 14 de abril.

A pesar de la aclaración, para el ente de control dicha irregularidad generó una observación administrativa.

En total los nueve contratos dejaron cinco hallazgos administrativos, tres fiscales por $4 millones 766 mil y uno disciplinario.

Lo detectado en San Luis

En San Luis el ente de control revisó la inversión de $129 millones 492 mil en la adecuación y mantenimiento de las instalaciones del hospital Serafín Montaña Cuéllar, la morgue principal, las antiguas instalaciones del CDI, ubicadas en el casco urbano, y la casa de la cultura en Payandé. Asimismo, la compra de elementos de protección para el personal médico, auxiliar y los habitantes del municipio por $135 millones 445 mil.

Los dos contratos fueron ejecutados por Inversiones Codelca S.A.S. en el caso de la intervención estructural, en los documentos aparece como establecimiento de comercio Obras y Excavaciones América, mientras que en el de los elementos de protección es Suministros Kend.

Según el informe de auditoría, en la visita adelantada entre el 6 y 8 de mayo para verificar las obras ejecutadas  se evidenció una diferencia entre “las cantidades de algunas actividades existentes en el acta y las realmente encontradas en campo”.  Mientras en el acta de recibo del contratista el valor de las obras era de $128 millones 890 mil, lo determinado por el grupo revisor fue un costo de $111 millones 492 mil.

Finalmente, la Administración municipal recibió las obras con el valor determinado por el ente de control, evitando que se pagara $17 millones 397 mil de más por labores no ejecutadas.

Un segundo hallazgo administrativo se originó en la compra de elementos de protección, pues a pesar de que el contratista aportó un certificado de Cámara de Comercio, en el que figuraba como actividad secundaria comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador, “no se adjuntó la experiencia del contratista o proveedor, para garantizar la eficiente y correcta ejecución de los contratos. Es de precisar que en este tema la Contraloría no encontró sobrecostos.

Y una tercera presunta falla se anotó porque después de firmarse el contrato para los suministros, las partes agregaron un Otro sí modificatorio para disminuir el valor del contrato en $8 millones 249 mil, pues se habría generado un “error involuntario en la determinación del precio unitario de algunos artículos”.

EL NUEVO DÍA

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