Denuncian amenazas a propietarios de mina en Valle de San Juan

Crédito: HÉLMER PARRA - EL NUEVO DÍAEl pasado martes la población cerró la vía que conduce a Valle de San Juan y San Luis, para exigir el cierre de la mina.
El representante legal dialogó con esta redacción y aseguró que teme por su vida y la de su familiares, debido a la molestia que existe entre la comunidad por el título minero que les permite explotar la ribera del río Luisa.
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Temerosa por su vida, está la familia Toro, dueña del predio donde se explota material de arrastre en el río Luisa, y más, desde que el pasado martes algunos habitantes de Valle de San Juan y San Luis se tomaron las vías de hecho para exigir el cierre de la empresa minera.

En diálogo con el representante legal de la empresa Ecoarenas del Tolima, Juan Carlos Vásquez, denunció que teme por lo que pueda ocurrir, pues incluso el mismo día de la reunión con las entidades gubernamentales, el vehículo en el que se movilizaba junto con su esposa, fue apedreado.

Juan Carlos Vásquez también señaló la manera en que volvieron a cerrar la mina, y que esta decisión se tomó más por las presiones ejercidas por la comunidad y no por la manera en que ellos operan, pues les argumentaron que la suspensión era por tema invernal.

Además, expuso la manera en que opera Ecoarenas, y que desde allí no se destruye el caudal como lo hacen ver algunos habitantes, pues ellos solamente extraen los sedimentos que deja el arrastre del río y no abren socavones como lo denunciaron los manifestantes.

“El título minero fue otorgado en 2010 para extraer el material de arrastre que queda al costado izquierdo del río Luisa, este es un proceso que en la minería es llamada ‘blanca’, porque no tiene afectación sobre el Medio Ambiente.

“Nosotros recogemos la arena y grava que queda, y por ello el Estado otorga los títulos. Esos sedimentos están en las playas; todo se hace legal, pagamos impuestos y damos trabajo”, indicó Juan Carlos.

 

Temor

El funcionario y familiar de la empresa Ecoarenas, informó que siente miedo después de la reunión realizada el martes, en la que hubo cierres en la carretera que conduce hacia Valle de San Juan y San Luis, y resultaron amedrentados.           

“La gente mediante las vías de hecho taponó para presionar a los alcaldes y a Cortolima y, se pusieron de lado de la comunidad y la ilegalidad. Nos llaman para asistir y con mi esposa y un ingeniero pasamos la zona taponada y recibimos improperios.

“Luego intentó ingresar una señora, que accidentalmente, y así lo digo, porque pienso en la buena fe, quiso arrollarme, luego la señora entiende que no puede entrar y se devuelve. Recibimos amenazas y nos gritaron ‘ya verán lo que les pasará cuando estén de vuelta’”, narró Juan Vásquez.

El denunciante también señaló que al salir pararon los vehículos e hicieron bajar a los funcionarios para que les dejaran ver las actas y tomaron fotografías para verificar la suspensión en la mina.

“En ese camino, la Policía, el Alcalde y desde Cortolima nos dicen que pasemos primero, pero como si fuera un error táctico, pasamos y recibimos piedras, palos y nos vimos en pánico total, sentimos miedo por nuestras vidas. Pasamos y más adelante nos encontramos con los carros estacionados que venían de Payandé”.

 

Tensión

El representante legal aseguró que siente que las entidades del Gobierno toman decisiones bajo presión de la comunidad, y que así no se debe actuar y no se puede permitir que el Tolima se convierta como otras regiones, donde se maneja la minería ilegal.

“Es indispensable que la comunidad escuche, ellos creen que vamos a secar el río. Ahora, no comprendo cómo Humberto Barrero, quien lidera la manifestación, está contra la minería, si el trabaja en las minas de mármol en San Luis, y donde se usa dinamita, desconozco y sé que es legal y se debe respetar, pero la montaña no es renovable.

“Ahora, el pasado 16 de noviembre Cortolima nos hace una visita sorpresiva, después llega la  Alcaldía junto con la Defensoría y la Policía, y les permitimos el ingreso porque estamos en la legalidad, pero después de esto sentimos es persecución.

“Una visita técnica sorpresiva un lunes festivo, nosotros atendimos sin estar en la planta, hicieron las mediciones, no conocemos el acta, pero confiamos en el profesionalismo de Cortolima y que la inspección es por las quejas de la comunidad y que no había afectación ambiental”, añadió Juan Vásquez.

El funcionario privado apostilló que espera que la situación no pase a mayores, con afectaciones en la integridad de sus familiares y puedan volver a sus labores.

EL NUEVO DÍA

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