A casi cuatro meses desde que sufrió un atentado en su residencia, el líder social Jesús Emilio Torres Jaramillo, integrante del Consejo Regional Indígena del Tolima (Crit), afirmó que las condiciones de seguridad en San Antonio, como en otros municipios del Tolima, se han deteriorado por la presencia de hombres armados.

Tal como lo han denunciado excombatientes y miembros de comunidades, Torres señaló que continúan ocurriendo una serie de intimidaciones, atentados y asesinatos en contra de personas que ejercen algún tipo de liderazgo o participan de procesos sociales, sin que aún se haya determinado el carácter de los responsables.

Él, por ejemplo, fue atacado con disparos a mediados de agosto pasado en su vivienda ubicada en la vereda Villahermosa de San Antonio y los agresores pintaron en una de las paredes exteriores de la casa un mensaje alusivo a las extintas AUC en el que recriminan su trabajo en defensa de la paz y los derechos humanos.

Sin embargo, como ha ocurrido en otros casos, no ha sido posible establecer con certeza quiénes están detrás de los repetidos hostigamientos. Se ha atribuido algunos episodios a reductos del paramilitarismo, pero también se ha señalado la existencia de disidencias de la extinta guerrilla de las Farc y delincuencia común.

“En esta zona se ha puesto delicada la situación. Incluso el representante legal de la organización ha tenido varias amenazas y, así mismo, otros líderes sociales del Tolima  sufrimos intimidaciones y no sabemos si son organizaciones o estructuras que se están armando o delincuencia común”, afirmó Torres, líder del resguardo San Antonio de Calarma.

Según relató, hace un mes los escoltas de una persona reinsertada fueron asaltados en la vereda Tetuán por hombres desconocidos que portaban armas de armas de fuego largas y un miembro de la guardia indígena fue asesinado en Purificación. Aseguró que las autoridades no han esclarecido estos y otros casos que han ocurrido.

Sobre las garantías para ejercer liderazgo, Torres indicó que después del más reciente atentado solicitó a la Unidad Nacional de Protección el cambio del vehículo asignado a su esquema de seguridad por uno con mejores características, sobre todo porque se desplaza por diferentes zonas del Tolima, pero no ha recibido una respuesta positiva.

Por esta situación, a través de un comunicado público, la guardia indígena Cacique Calarcá del pueblo Pijao, reafirmó su rechazo a las amenazas en contra de Torres y cualquier expresión de violencia que atente contra los derechos de las comunidades y la armonía de los territorios ancestrales del departamento.

“No admitimos ninguna actividad, acción o práctica de guerra abierta por parte de algún grupo armado: legal, ilegal, delincuencial y paraestatal entre otros, que pretendan acentuarse y generar escenarios de terror o terrorismo en nuestros territorios”, indicó la Guardia, que además ratificó su compromiso con la paz y el diálogo.

Y concluyó: “Denunciamos la muerte que causan los armados en nuestros territorios, así como la estigmatización, las amenazas y el señalamiento de nuestras organizaciones, que en conjunto suman al actual escenario de genocidio étnico propio del asesinato sistemático/prologando de líderes y lideresas sociales, indígenas comuneros y comuneras en el país”.

DATO

Las comunidades indígenas, que dicen desconocer quiénes están detrás de los atentados y los asesinatos, piden protección y respeto por la vida, así como garantías para ejercer liderazgo.